El Gobierno Nacional aceptó la renuncia del presidente de la Cámara Federal, Eduardo Luraschi. Este la había presentado hacía 15 días con motivo de querer dar comienzo a su jubilación. El magistrado había sido denunciado en julio pasado ante el Consejo de la Magistratura acusado de entorpecer la investigación por delitos cometidos en la instrucción de la causa AMIA. Este miércoles fue oficializada por decreto 1267/07 publicado en el Boletín Oficial. El magistrado era integrante de la Sala II de la Cámara Federal que intervino en las sentencias que declararon la nulidad de las leyes del perdón y la inconstitucionalidad de los indultos. También fue el responsable de promover los llamados “Juicios por la verdad”.
Dos caras de la misma CASSABA. TEXTO COMPLETO DEL PROYECTO
El día martes de esta semana, el presidente de la Caja Previsional de Abogados de Buenos Aires, Hugo Germano, envió un mail a sus afiliados "para despejar las dudas que surgieron respecto a la vigencia de la ley 1181". La comunicación de CASSABA se refirió a la medida cautelar dictada por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en los autos "Rizzo, Jorge Gabriel y Otros c/Estado Nacional -Ministerio de Trabajo y Otros- s/Proceso de Conocimiento". Esa medida fue notificada a la caja el 27 de septiembre por lo que anunciaron que están pendientes y presentarán, en tiempo y forma, los recursos que el ordenamiento jurídico prevé. La resolución quitó vigencia y aplicación, respecto del actor y coactores, de los derechos y obligaciones emergentes de la ley Nº1181. Sin embargo, el presidente de la institución explicó que solicitarán la nulidad de la medida pues sostuvo que fue dictada en “grosera contradicción con una resolución anterior de la Sala V de la misma Cámara Federal, en el mismo expediente, por la cual se rechazara la medida cautelar solicitada en autos, entre otros argumentos invalidantes”. Aclaró por último, que la medida aún no se efectivizó pues para ello cada uno de los requirentes deberá depositar una caución real de $ 1000 en el juzgado de origen, lo que todavía no ha sucedido.
Por otro lado, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobaron este miércoles 3 un proyecto de ley que le dará carácter opcional a CASSABA través de la modificación a la ley 1181. Se anunció, además, que en la próxima reunión plenaria, el 11 de octubre, el tratamiento del dictamen tiene moción de preferencia. El proyecto aprobado por la mayoría fue elaborado por los legisladores Santiago De Estrada y Alejandro Rabinovich.
¿Doblemente impuesto?
La Suprema Corte de Justicia bonaerense tiene previsto estudiar dos planteos de inconstitucionalidad que se presentaron contra el “impuesto a la riqueza”. Se trata de un gravamen adicional que creó la Provincia y que obliga a los contribuyentes que tengan un patrimonio superior a los 500 mil pesos, a pagarlo. Para que la Corte evalúe el planteo, se analizará primero la conformación de un tribunal con conjueces. Ello pues varios de los ministros del Máximo Tribunal estarían alcanzados por el nuevo gravamen. El cuestionamiento fue presentado por dos contribuyentes de identidad reservada y está fundado en la existencia de una carga tributaria similar a nivel nacional. Por ello supondría una doble imposición sobre un mismo concepto lo que la Constitución prohíbe explícitamente. El gravamen bonaerense se cobra desde principios de septiembre y su continuidad depende de la decisión del Corte provincial.
La Justicia rechazó anulación de urnas y Juez retiró fiscales
Los recursos que formuló el partido del cordobés Luis Juez contra la resolución de la magistrado Marta Vidal, fueron rechazados por el Superior Tribunal la Provincia. Juez había reclamado por la decisión de abrir unas 600 urnas y realizar en ellas un conteo voto por voto, en lugar de dictar una "anulación". Sin embargo el Máximo Tribunal consideró que la anulación de las mesas "es excepcional en materia electoral". Por ello, la ley local y la doctrina judicial contemplan la posibilidad de abrir las urnas en lugar de anularlas, cuando la documentación es deficiente o inexistente. En consecuencia, el Tribunal apoyó la decisión de la jueza Vidal y en cambio acusó de contradictorio al planteo de Juez pues en un primer momento solicitó la apertura masiva de urnas. El día martes de esta semana, Juez solicitó la intervención a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y posterior a ello, el miércoles a primera hora retiró a sus fiscales del escrutinio definitivo. El intendente cordobés declaró que "No vamos a convalidar con nuestra presencia y nuestra conducta cívica un acto de despojo y de violación de los preceptos legales".
Judiciales de Mendoza y Salta reclaman aumento salarial
Los empleados judiciales de Mendoza y Salta siguen con su reclamo de aumentos salariales aunque ambos lo hacen por vías distintas. Los mendocinos realizaron hoy una jornada de paro luego de que en el marco de las negociaciones paritarias el gobierno local les ofreciera una cifra de recomposición salarial que entienden muy debajo del aumento del costo de vida, según indicaron desde la FJA. Por su parte, en la provincia del norte, un grupo de representantes del gremio de los empleados judiciales que se manifestaban afuera de la Legislatura, mantuvieron una reunión con los diputados previo al inicio de sesión. Tras el encuentro, los legisladores se comprometieron a conformar una comisión que se encargue de analizar las peticiones realizadas por el gremio. Mientras que el presidente del Cuerpo Legislativo intermediará con el Poder Ejecutivo para realizar una mesa de trabajo.
Amenazan a juez de Entre Ríos
El juez Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones de Concordia, Entre Ríos, Ricardo Ítalo Moreni denunció que fue amenazado y “víctima de un atentado en sus bienes”, informó el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia que se solidarizó con el magistrado y repudió el hecho. Moreni atribuyó la intimidación a una decisión judicial y sostuvo que ya hizo la denuncia policial. Por su parte, el STJ respaldó al juez y a su familia, calificó al hecho como un “cobarde atentado” y le pidió a las autoridades que realicen una profunda investigación del hecho para esclarecerlo. Además, los jueces del Tribunal sostuvieron que el juez fue víctima de una “sibilina amenaza e intimidación tendiente a afectar su libertad de criterio y la tranquilidad de espíritu que debe primar en el estado de ánimo del Magistrado, al momento de cumplir su delicada misión de hacer justicia”.