La crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires es un tema que preocupa en todos los ámbitos del Estado local. Una ley de emergencia y un programa de Atención a Familias en Situación de Calle buscan paliar la situación, pero un informe de la defensoría del pueblo refleja que aún se está lejos de una solución: 2300 familias serán desalojadas en los próximos meses, casi cuatro mil hogares fueron asistidos durante el primer semestre de 2007 y dos mil sentencias de desalojos en todo el 2006, son los principales números del problema.
Según destacó la defensora Alicia Pierini, que elaboró el informe y lo presentó ante la Legislatura porteña, “la situación de colapso actual es el resultado de años de políticas ineficaces que han demostrado una escasa capacidad para abordar y resolver este flagelo pero, esencialmente, es el resultado de un modo de concebir esta problemática como un hecho coyuntural”.
El detallado informe demuestra que de acuerdo a lo difundido por la Oficina de Estadísticas de la Cámara Civil, “las causas ingresadas a la Justicia Nacional durante el 2006, en concepto de desalojo –por falta de pago, por vencimiento de contrato, comodato, intrusos y otras causales-, ascendieron a 4.833”.
La defensora del pueblo indicó que “en algunos casos hemos podido presentar escritos pidiendo alguna postergación porque no se han podido resolver la situación del afectado”, y remarcó que hay que diferenciar entre los desalojos de bienes de propiedad privada y los realizados por el ente nacional de bienes del Estado. “El último desalojo masivo lo hizo ese organismo y no previeron que iban a hacer con las familias ni tampoco hicieron previo aviso”, dijo Pierini.
Además, la funcionaria volvió a instar a los juzgados a que pidan un informe socio ambiental previo al desalojo. “Deben prever los resultados antes de notificar la orden”, sostuvo Pierini, que explicó que estuvo reunida con defensores oficiales de la Ciudad y la Nación para estudiar los casos de desalojo.
“Hemos trabajado hacia adentro del sistema judicial para que tomen conciencia de que no se pueden dejar en la calle a la gente de un día para el otro”, afirmó Pierini.
El informe también precisa que “no menos de 19.000 personas se sumaron durante el 2006 al universo de familias en emergencia habitacional”. La emergencia habitacional es abordada por el Estado local a través del Programa de Atención a Familias en Situación de Calle, que depende del Ministerio de Derechos Humanos del gobierno porteño y fue creado por el decreto 690/06.
Ese organismo, en la primera mitad de 2007 atendió a 3.657 hogares en emergencia habitacional, algo que refleja un sostenido incremento de familias que quedaron en situación de calle y tramitaron un subsidio para afrontar el pago de un hotel o una vivienda transitoria. Los datos indican que el pedido de esa asistencia entre el primer y cuarto trimestre de 2006 se incrementó un 595%.
Finalmente, las conclusiones del informe sugieren la puesta en práctica de varias acciones, como por ejemplo: la transferencia inmediata de partidas presupuestarias que garanticen la asistencia de los grupos familiares que quedarán en situación de desalojo en los próximos meses; políticas de incentivo a la producción de vivienda en áreas postergadas de la Ciudad; conformar un Banco de Inmuebles con fines sociales que incorpore tierras e inmuebles del gobierno de la Ciudad, del Estado Nacional o Provincial y tierras de dominio privado que resulten aptas para la construcción.
También se propone “inventariar y recuperar –afectándolos a programas de vivienda social- el Patrimonio Inmobiliario Estatal que no tenga un fin específico” y crear “programas de subsidio a la oferta de viviendas que prioricen a los sectores de menores recursos”, entre otras cosas.
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