Con el objetivo de combatir “toda expresión discriminatoria” que instigue o aliente el odio racial religioso, sexual, político, o de cualquier otra índole, los legisladores porteños tratarán la semana próxima un proyecto de ley. Se trata de una propuesta que busca obligar al gobierno local a remover todo tipo de pintadas que existan en aquél sentido en las calles de la Ciudad.
“Se trata de una acción centralizada del estado, que tiene que estar atento y no actuar circunstancialmente, sino permanentemente”, dijo el diputado Martín Borrelli, impulsor de la iniciativa. Esta ya cuenta con dictamen favorable de la comisión del Espacio Público y está dentro de los temas con moción de tratamiento preferencial para la sesión del jueves próximo.
Según el proyecto, se pone en cabeza del Ejecutivo porteño la obligación de “borrar, remover y/o limpiar toda expresión discriminatoria que instigue o aliente el odio en razón de la raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique exclusión, restricción o menoscabo, que esté expresada por cualquier medio - de escritura, pintura, fijación etc.- en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
En diálogo con este medio, Borrelli explicó que comenzó a trabajar en el tema “hace dos años cuando empezaron a recrudecer pintadas antisemitas en establecimientos públicos”. A partir de esa “preocupación que iba en aumento”, dijo el legislador, “imaginamos una normativa de fondo que contemplara esos casos”.
La propuesta “supone la intervención de la Policía como primer responsable de comunicar las pintadas a las autoridades”, sostuvo Borrelli. Aunque el proyecto también contempla la posibilidad de que los propios vecinos puedan denunciar ante la autoridad de aplicación, la existencia de pintadas a través de la creación de un número telefónico gratuito.
Sobre la autoridad de aplicación, que de acuerdo a la iniciativa debe ser creada por el propio gobierno, Borrelli sugirió que tranquilamente pueden ser los Centro de Gestión y Participación (CGP) de cada barrio los que se encarguen de la remoción, ya que estos también están facultados para, por ejemplo, arreglar calles y veredas.
“Buenos Aires no se merece tener en sus paredes expresadas esas opiniones que son de un ínfimo sector de población”, afirmó Borrelli. Agregó que esto sería “un cambio cualitativo”, ya que actualmente si aparece una pintada en el frente de un hospital público es responsabilidad de sus autoridades la remoción, algo que cambiaría con la aprobación de este proyecto porque tal obligación pasaría a estar en cabeza del estado.
Así, los fundamentos del proyecto concluyen diciendo que “amén de la posible comisión de delitos y/o contravenciones que ellas implican, considero que es el propio Gobierno de la Ciudad quién debe ponerse al frente de la eliminación de este tipo de expresiones”.
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