La causa iniciada por los canjes de la deuda pública del 2001, no es el único cuestionamiento judicial que pesa sobre el ex mandatario Fernando De La Rúa. También fue implicado en una vieja causa que investigaba las irregularidades en las renegociaciones de los contratos por la autopista Illia, lo que le habría acarreado a la Ciudad de Buenos Aires un perjuicio de 470 millones de dólares. En esa causa fue sobreseído en abril pasado, pero ahora la Sala IV de la Cámara del Crimen dejó sin efecto tal decisión. Los jueces Mariano González Palazzo y Carlos Alberto González, entendieron que si bien "aún no se acreditó el perjuicio que se habría ocasionado a los intereses de la comuna o el beneficio ilegítimo a favor de la empresa Covimet", resulta apresurado dictar el sobreseimiento y por tanto ordenaron profundizar la investigación. Esta medida alcanza al ex procurador del Tesoro Ernesto Marcer, al ex ministro de Hacienda Eduardo Delle Ville, al ex ministro de Infraestructura Nicolás Gallo y al directivo de COVIMET -la empresa contratista de la obra-, Roberto Servente.
18 años de cárcel por el crimen de la turista suiza
En la causa que se siguió por la desaparición de la joven extranjera Annagreth Wurgler, se condenó al empresario Alcides Cuevas, dueño de un hotel, por encontrarlo autor responsable del homicidio simple. La pena que se aplicó fue de 18 años de prisión, lo que no respondió al pedido del fiscal que había solicitado 25 años, por considerar que el motivo del homicidio fue un “móvil sexual”. La joven bióloga de 28 años desapareció en La Rioja en agosto del 2004 y nunca fue encontrada. En cambio, los otros tres implicados fueron absueltos. El ex empleado de Cuevas, el chofer Miguel Narváez, quien fue juzgado como partícipe necesario; Angélica Gordillo y Mario Machuca, encargados del camping en el que estuvo Annagreth, que fueron acusados de encubrimiento.
Media sanción para que la desaparición forzada de personas sea delito
La Cámara de Diputados le otorgó media sanción al proyecto que busca incorporar al Código Penal, el delito de desaparición forzada de personas. Si bien existen instrumentos internacionales que así lo reconocen, a nivel nacional todavía se lo juzga como privación de la libertad. El proyecto fue consensuado por los diferentes bloques, así como con organismos del Estado y organizaciones de derechos humanos. La iniciativa que ya cuenta con media sanción establece una pena de “prisión o reclusión perpetua” para los agentes del Estado que “actuando con la autorización o apoyo del Estado” priven de la libertad a otras personas. A su vez también contempla como facultad de los jueces, reducir la pena para aquellos arrepentidos que proporcionen información que permita la aparición con vida de la víctima. La diputada kirchnerista Rosario Romero, presidenta de la Comisión de Legislación Penal y una de las redactoras del proyecto, fue la encargada de abrir el debate. Luego de ello se votó su aprobación por 167 votos a favor y dos en contra. Muchos legisladores se mostraron muy satisfechos por el consenso logrado, entre ellos la arista Marcela Rodríguez que valoró que el oficialismo abriera el debate para presentar un dictamen unificado. La única discusión se generó cuando la diputada de Recrear, Nora Ginzburg, propuso que la penalización alcanzara también a las “organizaciones terroristas”, lo que el bloque macrista apoyó, a pesar de lo cual esto último no fue aprobado.
Este viernes habrá un acto en los Tribunales porteños por el día del empleado judicial
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) realizará este viernes, día del empleado judicial, un acto en el hall central del Palacio de Tribunales de la Capital Federal. En la conmemoración, que será a las 12:30, se recordará a los judiciales desaparecidos durante la última dictadura militar. Además, la UEJN pedirá que el 16 de noviembre sea declarado feriado en el ámbito del Poder Judicial. “Reafirmamos también que estamos comprometidos en la construcción de esa nueva Justicia que soñaron nuestros compañeros, que deben ser respetados los derechos humanos de todos los que trabajan en la Justicia”, señaló el gremio a través de un comunicado.