Esto originó nuevos focos de rebelión en el penal, y disputas entre familiares y policías. Fuentes judiciales y del gobierno dijeron en su momento, que se investigaría el hecho y que se averiguaría si fue adecuada la actuación de los guardias. Los oficiales penitenciarios sostuvieron que no pudieron abrir la puerta del pabellón porque el fuego y los propios reclusos se lo impidieron, mientras que familiares y defensores de las víctimas no descartan que la ayuda haya sido obstaculizada intencionadamente.
El poder ejecutivo había sostenido que se originó como un intento de fuga que luego se convirtió en un motín, donde los reclusos prendieron fuego a todo, quedando ellos mismos atrapados en una trampa mortal. En oposición a esta declaración, los abogados de las víctimas alegaron que pudo haberse tratado de una emboscada ya que los presos manifestaron que nunca existió el intento de fuga.
Hoy, luego de un mes trascurrido en el que familiares de las víctimas marchan por justicia, decidieron mudar su lucha a Buenos Aires, sosteniendo que en la provincia santiagueña sus reclamos no son escuchados y que incluso les ofrecieron dinero_ unos 10 mil pesos_ para que no hagan denuncias. Declaran además, que no hay impulso penal por parte del fiscal Cristian Vitar y que el magistrado sólo interrogó a uno de los guardiacárceles y se tomó varios días de licencia.
La abogada de la causa Marta Luisa Cárdenas, agregó que intentaron constituirse como querellantes pero no los aceptaron, por lo que no tienen posibilidad de investigar ni de pedir imputaciones o pruebas. Afianzó su crítica a la versión oficial que sostiene el gobernador de motín o intento de fuga. También afirmó que los reclusos fueron asesinados por los guardiacárceles con conocimiento y consentimiento de las autoridades, y que tienen pruebas para demostrarlo.
El gobernador de la provincia de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, todavía no los ha recibido. Tampoco consiguieron tener una audiencia con el presidente Kirchner. En cambio, sí lograron entrevistarse con el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y con el defensor del Pueblo, Eduardo Mondino y con los diputados de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja.
Hasta ahora no hay una causa penal. Los familiares piden la detención de los guardiacárceles y de funcionarios. Lo único que reclaman es justicia para aquellos que ya no pueden exigirla.