28 de Junio de 2024
Edición 6995 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 01/07/2024

Hasta que la Corte los separe

La pelea judicial por la obra social municipal llegaría a la Corte Suprema, ya que tanto el Gobierno porteño como el gremio tienen previsto recurrir a todas las instancias de apelación en caso de recibir fallos adversos. La medida cautelar que mantuvo al directorio de la ObSBA, en contra del decreto de Macri y de la ley aprobada por la Legislatura, fue apelado este martes por la Comuna.

 
La disputa entre el Gobierno porteño y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) por la intervención de la obra social de los empleados municipales (ObSBA) seguirá su camino en la Justicia por un largo tiempo. El procurador general de la ciudad, Pablo Tonelli, y el abogado del gremio, Andrés Gil Domínguez, le adelantaron a Diariojudicial.com que de ser necesario llevarán el caso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Por supuesto”, fue la contundente respuesta que dieron tanto Tonelli como Gil Domínguez al ser consultados sobre si tenían pensado llevar el caso hasta el Máximo Tribunal.

“Si no obtuviéramos una decisión favorable en los tribunales de la ciudad sin la menor duda que iríamos a la Corte Suprema”, dijo Tonelli. Por su parte, el abogado del gremio sostuvo: “Vamos a seguir la vía judicial porque en la ciudad de Buenos Aires está expresamente prohibida la delegación legislativa y lo que hizo la Legislatura fue delegar facultades prohibidas”.

Por lo pronto, los dos fallos de la jueza en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Elena Liberatori, con los que rechazó la intervención de la ObSBA, fueron apelados por el Gobierno y ahora el tema deberá ser analizado por la Cámara del fuero.

La magistrada hizo lugar la semana pasada a una presentación de SUTECBA y rechazó un decreto de necesidad y urgencia del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, por el cual se intervino la obra social. Luego una ley aprobada por la Legislatura le permitió a Macri avanzar con la intervención. Por eso emitió un nuevo decreto. Pero el gremio insistió y este lunes la jueza volvió a avalar su anterior decisión.

“La jueza suspende cautelarmente el decreto de intervención en cuanto hace cesar al Directorio en sus funciones porque la ley 2.637 había delegado en el Jefe de Gobierno la facultad de intervenir para desregular pero no para gobernar y Macri cuando dicta el decreto designa a un interventor para desregular y a su vez hace cesar en sus funciones al directorio”, explicó Gil Domínguez.

“Es un fallo muy sólido, muy meduloso y muy ajustado a derecho”, opinó el abogado del gremio quien advirtió que lo decidido por la magistrada es una medida cautelar y que resta analizar todavía la cuestión de fondo.

Quien, obviamente, se puso en la vereda contraria de esa apreciación fue Tonelli que criticó duramente a Liberatori. “La jueza ha incurrido en un exceso notorio en su jurisdicción. Ha querido sustituir el criterio político del Jefe de Gobierno por el propio de ella diciendo qué medidas le parecen más o menos apropiadas. Por otra parte ha incurrido en una interpretación absurda de la ley al suponer que puede ejecutarse una intervención sin desplazamiento del Directorio de la obra social”, dijo el Procurador. “Hay motivos varios y graves para como descalificar el fallo de la jueza”, completó.

Consultado sobre si para el Gobierno porteño la jueza incurrió en mal desempeño de sus funciones y por lo tanto es pasible de un juicio político, Tonelli dijo que no descarta esa posibilidad. “No digo en este momento que lo haya pero se analizará la cuestión con todo detenimiento”, sostuvo.



dju / dju
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