La controversia fue iniciada por Argentina en el 2006 alegando la violación del Estatuto del Río Uruguay por la autorización otorgada por ese país a la empresa Botnia, para instalar la pastera en la localidad uruguaya de Fray Bentos, limítrofe con la ciudad argentina de Gualeguaychú.
El 29 de enero será la fecha límite impuesta por el Tribunal Internacional de La Haya para que la Argentina, mediante la intervención de la Cancillería, presente su réplica. Luego, el 29 de julio del 2008, será el turno de Uruguay de presentar su dúplica.
Ante esta situación, la vocera de prensa de la Cancillería argentina, Florencia Colombo, señaló la importancia de “seguir profundizando la presentación”. Añadió que buscarán agregar pruebas y dar respuesta a la presentación del país vecino.
Con ambas presentaciones, réplica y dúplica, quedaría concluida la primera etapa del proceso judicial, y se ingresará en la fase oral. Allí deberá fijarse fecha para la audiencia probatoria, que puede durar hasta dos semanas si el Tribunal resuelve que necesita otras pruebas in situ, tales como inspecciones, además de otras opiniones expertas de representantes de organismos internacionales.
Antes de que finalice el 2008, la Corte Internacional de Justicia dictará una resolución que resuelva el fondo del asunto, determinado si la pastera Botnia genera un daño actual o potencial en el medio ambiente que repercutiría en el Río Uruguay, que al ser un recurso hídrico binacional, afectaría a ambas partes involucradas.
Los países en conflicto, tienen la “obligación moral” de acatar la sentencia. No suele ocurrir que un Estado no cumpla por lo impuesto por el Tribunal, toda vez que éstos eligen voluntariamente formar parte de las Naciones Unidas y someterse así a sus órganos.
En síntesis, luego de que fracasaran las negociaciones entre los países y que el rey de España no haya podido lograr un acercamiento entre las partes como “facilitador”, será la Corte Internacional de La Haya la que tenga la última palabra en el asunto.