04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Botnia: todo está en manos de la Justicia

Ante la puesta en funcionamiento de la pastera será la Corte Internacional de Justicia de La Haya quien resuelva si habilita la instalación de la planta de celulosa. Por otro lado, hay una causa tramitándose en la Justicia Federal, en la que la semana que viene se insistirá con el pedido de indagatoria a los directivos de la empresa. El Defensor General de Entre Ríos dio recomendaciones ante la posible contaminación.

 
La llave para cerrar definitivamente el conflicto por la instalación de la pastera finlandesa Botnia sobre el río Uruguay, parece que sólo la tiene la Justicia. La habilitación para que la empresa comience a funcionar que dispuso este jueves el presidente uruguayo Tabaré Vázquez clausuró toda posibilidad de encauzar el conflicto por la vía diplomática o política

Los intentos de último momento que se intentaron en la Cumbre Iberoamericana de Chile entre las delegaciones de Uruguay y Argentina, encabezada por el presidente Néstor Kirchner, no alcanzaron. Este viernes, Botnia comenzó a producir papel en la localidad de Fray Bentos, ubicada en frente de la ciudad de Gualeguaychú.

Así se abre paso la Justicia. Hay dos causas en trámite. Una se desarrolla en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en Holanda, que ya rechazó medidas cautelares presentadas por ambos países. Y la segunda se tramita en la Justicia federal de Entre Ríos en un expediente encabezado por el gobernador de la Provincia.

La causa en La Haya comenzó en mayo de 2006. La Argentina demandó a Uruguay por considerar que la autorización de la instalación de Botnia (la demanda también fue por la pastera ENCE, que después fue relocalizada en la ciudad de Colonia) viola el Estatuto del Río Uruguay, firmado por los dos países el 26 de febrero de 1975 y que entró en vigencia el 18 de septiembre de 1976.

El Gobierno de Kirchner criticó que Uruguay haya decidido la instalación de las plantas unilateralmente, sin hacer consultas ni informar la medida, tal como indica el Estatuto. La Argentina denunció que las plantas de celulosa “atentan contra la preservación del medio ambiente del río Uruguay y de su zona de influencia”.

“La información de la que dispone la Argentina establece de manera manifiesta que la puesta en funcionamiento de las plantas de celulosa CMB y Orion causará un perjuicio sensible a la calidad de las aguas del río Uruguay y un perjuicio sensible transfronterizó a la Argentina”, sostuvo la demanda.

El país también presentó una medida cautelar para que suspendan las construcciones de las empresas hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Por su parte, Uruguay inició tres medidas cautelares para que se sancione al país por los cortes de los puentes internacionales que unen ambos países por los ciudadanos de Gualeguaychú y Colón, entre otras ciudades argentinas que están a la vera del río. Pero la Corte Internacional rechazó los dos reclamos.

Por los bloqueos a los puentes, Uruguay también recurrió al Tribunal del MERCOSUR para que analice si Argentina violó los tratados de libre circulación. Si bien el Tribunal criticó los cortes, no le impuso al país ninguna sanción.

La demanda en La Haya está en pleno trámite y los 15 jueces de la Corte no estarían definiendo la causa antes del último trimestre del 2008.

Otra causa se tramita en la Justicia federal de Concepción del Uruguay. El juez de primera instancia Guillermo Quadrini investiga una denuncia penal por contaminación ambiental que presentó el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, acompañada con la Justicia de 38 mil habitantes de Gualeguaychú.

La semana que viene el abogado que patrocina la causa, Juan Carlos Vega, quien fue uno de los expertos que defendió a la Argentina en La Haya, presentará en la Cámara Federal de Paraná un nuevo pedido de indagatoria a los directivos de Botnia. Esa solicitud ya fue rechazada por Quadrini quien postergó una decisión al respecto hasta realizar otras medidas.

La Justicia recomienda medidas para preservar la salud

El defensor general de Entre Ríos, Arsenio Mendoza, le recomendó a los habitantes de Gualeguaychú que ante posibles problemas de salud que pueda generar la puesta en funcionamiento de la pastera Botnia, que obtengan un certificado médico expedido por una institución pública nacional, provincial o estatal donde conste el actual estado de salud de la persona.

“Ese certificado sirve para legalizar el estado de buena salud con anterioridad al funcionamiento de la planta pastera, por lo que cualquier alteración posterior que tenga relación con las toxinas que libera el proceso de la pastera, habilita para demandar no sólo los daños, sino también la paralización de la producción”, explicó el Defensor General a través de un comunicado.



dju / dju
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