El ex capitán de la Armada Antonio Pernías hizo una presentación judicial ante el juez federal Sergio Torres en la que sostiene que se encuentra "lisa y llanamente impedido de ejercer mi derecho de defensa" por estar detenido en el penal de Marcos Paz, donde no tiene computadora para poder “consultar mis archivos en sostén magnético". Pernías, que está siendo investigado en el marco de la Megacausa ESMA por varios delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, también aprovechó el escrito para señalar que "la visión de la historia reciente ha sido perversamente malversada". Además, en el escrito de seis carillas, el represor sostuvo que "la Armada toda, INSTITUCIONALMENTE (en imprentas en el original) participó de la guerra contra el terrorismo, los pocos privados de la libertad son combatientes y no delincuentes como se pretende calificarnos".
Apoyo judicial al juicio contra represores en Corrientes
Un fuerte apoyo de parte de sectores judiciales tendrá el juicio oral y público que comenzará este martes en Corrientes contra ex militares acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en el ex Regimiento de Infantería 9 durante la última dictadura militar. Estarán presentes la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación, la diputada Diana Conti, y el futuro defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, el también legislador Remo Carlotto. También se harán presentes los diputados nacionales Araceli Carmona, Hugo Perié y Eduardo Galantini y el senador nacional Fabián Ríos. Entre otros serán juzgados el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides. Se trata del primer juicio en el país en el que se aplicará un plan nacional de protección a testigos que incluye custodia personal y apoyo psicológico. El juicio lo llevará a cabo el Tribunal Oral Federal de Corrientes integrado por Víctor Alonso, Lucrecia Rojas Badaro y Carlos Navarro.
Acusados pero libres
En Madrid, la Sala en lo Penal de la Audiencia Nacional, estimó conceder la libertad provisional a diez de los treinta presuntos islamistas que habían sido acusados de planear un atentado suicida con la finalidad de volar la Audiencia Nacional con un camión cargado de explosivos. Del total de los beneficiados, cinco de ellos permanecerían en prisión por tener otras causas pendientes El resto deberán comparecer cada semana en una comisaría y se les prohíbe abandonar el país. Los procesados en la “Operación Nova”, casi todos marroquíes y argelinos, fueron arrestados en octubre de 2004, siete meses después de los atentados del 11 de marzo, que dejaron 191 muertos en esa ciudad. En el trascurso del juicio, la fiscalía había requerido penas que oscilaban entre 8 y 43 años de prisión.