El ex presidente fue procesado en la causa que investiga los supuestos sobornos en el Senado en el año 2000,por la aprobación de la Ley de Reforma Laboral. De la Rúa fue procesado por el juez Daniel Rafecas por el delito de cohecho activo. En la causa ya hay otros nueve procesados que fueron enviados a juicio. El Tribunal Oral opina que debe hacerse el juicio una sola vez, por lo que la decisión sobre la situación del ex presidente urgía. Los otros procesados son los ex senadores Augusto Alasino, Emilio Cantarero, Remo Costanzo, Alberto Tell, Ricardo Branda y José Genoud, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el ex secretario de Inteligencia Fernando de Santibañes y el arrepentido Mario Pontaquarto. Los jueces del TOF3, Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Oscar Hergott, consideraron inaceptable la posibilidad de juzgar por separado a De la Rúa y a sus colaboradores.
Denuncia ante la Cámara Federal
El abogado José Dequisa presentó este lunes una denuncia ante la Cámara Federal para que la Justicia investigue los bombardeos de junio de 1955 sobre Plaza de Mayo. Solicitó a su vez que fueran considerados como crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Según el letrado, los ataques tuvieron por propósito "matar a la mayor cantidad posible de personas civiles" e indicó que el objetivo político era “quebrantar la voluntad de lucha o resistencia del presidente (Juan Domingo Perón) y de su base social, el peronismo". La causa recayó en el juzgado de Ariel Lijo e intervendrá el fiscal Luis Comparatore. En las diez carillas de su presentación, el letrado afirmó que los ataques bélicos provocaron “centenares o miles” de muertos, heridos y mutilados, y sostuvo que se trató de "asesinatos dolosos e indiscriminados". Mientras que recordó que “la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, el Ministerio de Obras Públicas, el Departamento Central de Policía Federal y la ex residencia presidencial, llamada Palacio Unzué, ubicada en lo que hoy es la Biblioteca Nacional", fueron los principales blancos del ataque.
Causa por Masacre de Trelew
El entonces jefe de operaciones con sede en Puerto Belgrano, Horacio Mayorga, se presentó este lunes en el juzgado federal de Rawson, para prestar declaración en el marco de la causa que investiga la matanza de 16 militantes de izquierda cometida en 1972. El marino, responsable en aquella época de las dependencias navales del sur entre las que se encontraba “Almirante Zar” en donde se produjeron los homicidios, será asistido por la defensora oficial Mirta Mabel Seniow de Gando.
El jefe del penal a declaración indagatoria
El jefe del penal de Olmos, inspector mayor Jorge Suárez, está sospechado de incurrir en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por las salidas no autorizadas del condenado a perpetua Franchiotti. Por ello, el fiscal Javier Berlingieri resolvió citarlo a indagatoria luego de escuchar las declaraciones del ex comisario. El penal continúa intervenido desde que se conoció que el sentenciado a perpetua por ser responsable de las muertes de Kosteki y Santillán, salió del penal sin autorización judicial.
Mostrar para prevenir
La jefatura de policía y la municipalidad de Catamarca colocarán cámaras de video en lugares estratégicos de esa ciudad con la intención de prevenir delitos. Estarán ubicadas en el exterior de los bancos, edificios públicos, las avenidas más importantes y en las vías de acceso al centro, que son frecuentadas especialmente por los ladrones al momento de cometer un asalto. Las mismas, funcionarán a la intemperie, con baja luz ambiente y podrán hacer un giro completo de 360 grados. Con esta medida se buscará brindar una mayor seguridad en toda la comunidad, mediante la captación de imágenes que serán monitoreadas a través de un bunker. Un sistema de similares características, se utiliza en varias localidades de Córdoba como Marcos Juárez, Villa Dolores y Villa Los Aromos, además de la capital de esa provincia.
Somos los piratas
La Justicia de Brasil condenó por piratería comercial a un analista de sistemas que vendía de manera ilegal, discos de música en Internet. Se trata de la primera condena por ese delito en el país vecino. El imputado fue sentenciado a un año y ocho meses de prisión por considerarlo responsable de violar derechos de autor. No obstante podrá recurrir la sentencia en libertad. El proceso de había iniciado en el 2003 y se llevó a cabo en la 18a. Jurisdicción Criminal de la Justicia de Sao Paulo.