La provincia de Corrientes dio un paso importante para concretar la implementación del fuero Contencioso y Administrativo luego de un encuentro que mantuvieron representantes de la Legislatura y del Tribunal Superior. Allí acordaron crear seis juzgados de primera instancia y una cámara de apelaciones con competencia en toda la Provincia.
Actualmente los cuestionamientos a los actos de la administración pública son atendidos de manera originaria por el TSJ, pero tras la derogación el año pasado del inciso de la Constitución local que le atribuía esa competencia, se presentaron dos proyectos para la creación del fuero Contencioso, que también intervendrá en materia Electoral.
Uno de ellos fue impulsado por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Corrientes, Jorge Simonetti, y el otro por el propio Superior Tribunal de Justicia. De allí, la reunión que concretaron Simonetti y el juez Carlos Rubín en la que coincidieron en la necesidad de extender el fuero a toda la Provincia, a diferencia de la propuesta inicial del legislador que sólo sugería instalarlo en la capital.
La idea es crear dos juzgados Contencioso Administrativos de primera instancia con asiento en la ciudad capital y uno en cada una de las cabeceras de las restantes circunscripciones judiciales: Goya, Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres y Santo Tomé. Además una cámara de apelaciones con asiento en la capital correntina con competencia en todo el territorio.
Rubín indicó que la creación del nuevo fuero “ayudará a la descongestión de causas del STJ y permitirá a los habitantes litigar ante un juez con asiento en el lugar donde se produce el acto administrativo cuestionado”.
El proyecto establece que en el interior de la Provincia, hasta tanto se pongan en funcionamiento los tribunales, se asignará a los juzgados civiles y comerciales de las ciudades cabeceras de cada circunscripción judicial, competencia contenciosa administrativa.
“Los Tribunales deberán comenzar a funcionar cuando las estadísticas y posibilidades presupuestarias lo permitan, a excepción de uno de los tribunales de Capital, que tendrá que entrar a funcionar a partir de la entrada en vigencia de la nueva justicia contencioso administrativa, mientras que en el interior hasta tanto se pongan en funcionamiento los tribunales”, explica el proyecto.
Ahora, resta que le Poder Legislativo convierta en ley la iniciativa, lo que se espera que ocurra durante el primer semestre del año.
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