La Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires sostuvo sostuvo que “al justiciable –ya sea que llegue al debate como víctima o victimario- el tribunal colegiado le brinda más seguridades, en términos de garantías, que el juez unipersonal”.
Los magistrados, que reunieron a debatir las reformas propuestas por el Gobierno de Daniel Scioli el 13 y 14 pasado en la Universidad del Museo Social Argentino, fundamentan los cambios en cuestiones legales e institucionales para preservar el funcionamiento de la Justicia.
Sobre la primera, los jueces penales sostienen que las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Penal recomiendan “el juzgamiento, en caso de delitos graves, deberá ser de la Competencia de Tribunales colegiados y, si se tratara de delitos leves o faltas, podrán serlo de Tribunales unipersonales”.
En lo institucional, explican que separar a los jueces los hace más vulnerables ante los poderes públicos y privados, además de dejarlos expuestos a los errores. “En síntesis: jueces aislados son más débiles, más obedientes, más disciplinables, pero, a su vez, son jueces menos republicanos, al ser menos independientes de grupos de poder formal o informal”, consideran.
Las críticas son la reforma al artículo 22 del Código Procesal Penal. La iniciativa propone que haya tribunales unipersonales para juzgar delitos cuya pena máxima no supere los 15 años y dejó los tribunales colegiados para los juicios donde la pena de cárcel sea superior o cuando se juzgue a funcionarios públicos por su desempeño.
La Red de Jueces Penales propone una variante: que los tribunales sean de tres integrantes cuando alguno de los imputados así lo pida (aunque no supere la pena de 15 años) o cuando el mismo tribunal disponga por resolución fundada una conformación colegiada.
La reforma del Gobierno se enmarca en un proceso de modificaciones al Código que lanzó el 6 de mayo pasado y que puso a disposición de todos los actores judiciales para que opinen y hagan sus propuestas de cambio. Los objetivos son la simplificación de las actuaciones, el establecimiento de plazos razonables de prisión preventiva y la duración de los procesos, la incorporación de las tecnologías de la comunicación como nuevos modos de notificación y la creación de una oficina de gestión y audiencias para optimizar el tiempo de celebración del debate y también la eliminación de todo trámite o recurso meramente dilatorio.
Los magistrados también criticar la reforma para incorporar la sanción de faltas graves de los jueces por incumplimientos procesales. “Lejos de resolver el acuciante problema de la lentitud del sistema judicial, contra la que existen modernos mecanismos de control de gestión, las crecientes amenazas sancionatorias sólo lograrán intranquilizar al sector de la magistratura que debe resolver con la máxima serenidad y ecuanimidad posible acerca de los conflictos penales de mayor gravedad y trascendencia”, se quejaron.
Ante el retraso de las causas, la Red de Jueces Penales propuso “actuar preventiva, antes que represivamente…… evitando el congestionamiento y la lentitud procesal con efectivas modalidades de control de gestión”.