La iniciativa generó polémica por los alcances y la publicidad que tendrá la información del registro, lo que para muchos puede significar un avance sobre los derechos de los condenados. Pero el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, intentó disipar esas dudas.
Casal afirmó que una parte del registro será público y de consultar abierta para instituciones educativas pero aclaró que “el Estado regulará con la discrecionalidad suficiente para garantizar, tanto al reclamante como al sentenciado, esa información”.
La creación del registro que se discute cuenta con dos partes: un banco de datos genéticos y un registro de condenados por delitos sexuales. El primero será de acceso exclusivo para jueces y fiscales, mientras que el segundo, podrá ser consultado de manera pública por las instituciones.
El banco genético no tendrá información personal de los condenados, como su nombre y apellido, sino que contendrá patrones de ADN que estarán a disposición de los fiscales para la investigación de cusas por delitos sexuales, informó el ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
Para Casal, el proyecto es un “cambio sustantivo”. “Cambia la situación para las víctimas, los investigadores y el público en general”, agregó el ministro de Justicia.
Por otra parte, el ministro informó que en el Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires hay 1.600 personas detenidas por delitos sexuales sobre un total de la población carcelaria bonaerense de 26 mil internos.