El objetivo es “regular el derecho de admisión en los clubes porque hoy está vigente en un decreto”, dijo a DiarioJudicial.com Vargas Aignasse quien propone evitar la entrada los organismos a “aquellos simpatizantes que son potenciales generadores de un conflicto y con ello, producir inseguridad”.
Este listado contendría además los datos filiatorios deportivos de los Registros de Socios de las diferentes instituciones deportivas que integran los torneos y los datos suministrados por las autoridades directivas de las entidades acerca de los simpatizantes más significativos y violentos. En el caso de que alguno tenga un proceso penal abierto o condena, los directivos del club serían los responsables del ingreso de los mismos al estadio y se les podría negar la entrada bajo el derecho de admisión.
“La mayoría de los hinchas, tiene relación con los dirigentes de los clubes. Terminan perjudicando a la institución, extorsionando a los dirigentes y usando la pantalla de la simpatía hacia el club para beneficio personal”, afirmó el legislador.
La escapatoria que buscan muchas de las instituciones cuando se les pide que respondan por los graves hechos que se viven en cada partido se vería vedada ya que el proyecto prevé que las mismas sean “solidariamente responsables con la A.F.A. conforme al artículo 1113 del Código Civil de la Nación (responsabilidad extracontractual)”.
De esta óptica, los clubes deberán hacerse cargo “por los daños personales, físicos, psíquicos y materiales que produjeren los simpatizantes violentos durante la celebración de un espectáculo deportivo para con los espectadores o fuerzas de seguridad”.
Si alguna de estos organismos no cumpliera con la iniciativa, esta contiene tres tipos de multas, entre ellas una apercibimiento, un descuento de la recaudación por a venta de entradas sin excluir la responsabilidad judicial civil e incluso al reducción de puntos, clausura temporaria o definitiva o la expulsión del torneo.
“Habría que trabajar sobre el Código, ver cómo lo vamos acoplando, lo importante es que acá los clubes de futbol y dirigentes empiecen a tener más responsabilidad y tengan la posibilidad de decidir quien entra y quien no”, expresó Vargas Aignasse. “En 1985, tras la muerte del chico Adrián Scaserra (hincha de Boca), se dictó la ley De la Rúa. En 1992, ante otro pico de violencia, se la endureció con la reforma de Ricardo Levene (h). En 1998, el juez Víctor Perrotta paró los torneos en reclamo de seguridad. Pero el fútbol y la violencia siguieron andando, cambiaron los gobiernos y todo continuó a medio hacer”, expresó el diputado entre los fundamentos que expresa en su proyecto.
Dentro del ámbito del Ministerio del Interior de la Nación se crearía la Policía Deportiva “tendrá como única función el control y la inspección de los espectáculos futbolísticos antes, durante y después de su acontecimiento dentro del Estadio deportivo”, explica el legislador en su propuesta. La policía provincial y federal se encargaría de la vigilancia de las inmediaciones.
La idea es que estas fuerzas de seguridad “estén entrenadas para la prevención del delito, que tenga una identificación especial y una metodología particular para trabajar en el ámbito de los estadios”, señaló el legislador quien resaltó la “necesidad de interactuar”, explicó el diputado. “Para un partido de cualquier categoría de AFA, aproximadamente un 30 % de los efectivos los pone la Policía, o sea, el Estado: el restante 70 % lo debe pagar el club local” cuenta el proyecto.