El reclamo se efectuó en el marco del proceso de juicio político que la Legislatura de Tucumán le inicio al juez decano de la Corte Suprema de Justicia provincial, René Goane, y que finalmente desestimó. El ministro fue denunciado por ocupar cargos públicos durante gobiernos dictatoriales y cobrar jubilación y un sueldo al mismo tiempo. El Poder Legislativo dio por probadas las imputaciones pero sostuvo que la Constitución autoriza el juicio político “por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”.
Pero no es el único caso que genera enfrentamientos. Semanas atrás, la Corte hizo lugar a un amparo del Colegio de Abogados de Tucumán que abortó la integración con mayoría política de la Comisión Asesora de la Magistratura que se había incorporado a la Constitución provincial en la reforma de 2006.
“Comunicar al Sr. Gobernador y a la Honorable Legislatura de la Provincia de Tucumán, instándoles a contribuir en forma efectiva e inclaudicable al sostenimiento del régimen republicano, asegurando la recta administración de justicia mediante el respeto irrestricto de la independencia del Poder Judicial, como primer garante de la paz social”, dispuso la FACA.
“Los Poderes Políticos (Nacional y Provincial), estarían vulnerando y quebrantando la independencia del Poder Judicial de Tucumán, al desplegar conductas que podrían ser interpretadas, razonablemente, como un conjunto de actos concatenados, encaminados y direccionados hacia una misma finalidad, cual sería la de generar temor en los Señores Jueces”, agregó la entidad al avalar una resolución del Colegio de Abogados de Tucumán
Para los abogados, esa presión hacía los magistrados busca “condicionar y disciplinar la actuación de los integrantes del Poder Judicial, lo que –en definitiva- constituiría una nueva violación a una de las bases fundamentales del sistema republicano de gobierno y del estado de derecho”.
Por otra parte, la FACA comunicó su declaración a la Junta Federal de Cortes, a la Federación Argentina de Magistrados y a la Asociación de Magistrados del Poder Judicial de la Nación y le solicitó al relator especial de las Naciones Unidas para la independencia judicial, Leandro Despouy, que intervenga en el caso.
“Que corresponde a los colegios de abogados y a esta Federación la defensa del régimen republicano y de uno de sus pilares básicos, la independencia del Poder Judicial. Ello hace a la esencia de la abogacía constituyendo un imperativo legal de insoslayable cumplimiento”, fundamentó la FACA en el comunicado firmado por su presidente, Carlos Andreucci, y su secretario Horacio Vero.