En este contexto los abogados constitucionalistas Gregorio Badeni y Daniel Sabsay darán su posición sobre los últimos fallos, el artículo 86 del Código Penal y la despenalización del aborto.
De posiciones absolutamente contrarias, mientras Badeni asegura que la interrupción del embarazo “es matar una persona”, Sabsay está de acuerdo con la “despenalización” del aborto bajo la base de una política de prevención y educación sexual”.
“La vida de las personas comienza en el momento de la concepción cuando la Argentina se suscribió a la Convención de los Derechos del Niño y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De modo que cuando se produce una colisión entre dos derechos a la vida, no es posible en abstracto reconocer a una de ellas el derecho de privar a la otra de su potestad a vivir”, afirmó el primero al cerrar la dilemática discusión.
En contraposición, el segundo de los constitucionalistas, señaló que “en defensa de la vida, hay que conservar la vida de la madre y no pensar solamente en el feto”. Sabsay entiende que la normativa actual influye en el avance de la mortalidad y punibilidad de mujeres en situaciones de vulnerabilidad. “De ninguna manera “victimizando” personas que se encuentran en situación de carencia y que recuren a la necesidad de interrumpir su embarazo, es la forma de lograr que se detengan los abortos”, expresó.
Absolutamente contrapuesta fue la visión de Badeni quien sostuvo que la mayor propensión de la población económicamente más desfavorecida a ser penada “es un preconcepto que se suele utilizar con frecuencia para justificar posiciones jurídicas”. “Con ese criterio también tenemos que erradicar el delito de robo bajo el pretexto de que los sectores marginales necesitan disponer de objetos que otros sectores de mejor posicionamiento”, entendió.
Desde esa concepción “habría que crear dos Códigos Penales en cuanto a la postura económica de las individuos”, dijo Badeni quien se opone a esta visión “materialista a las que responde el consumismo” ya que considera que “debe regir el principio del igualdad”. Si hay poblaciones desamparadas, es obligación del Estado tutelar a las mismas”.
Tanto el caso de Bahía Blanca en el que la justicia de familia autorizó el aborto a una joven con discapacidades mentales como el de Mendoza, donde le negaron la interrupción del embarazo a una chica de doce años, ambas mujeres habían sido violadas.
Si bien el abogado opositor al aborto sostiene que habría que conocer los antecedentes del expediente para emitir su opinión, dejó en claro que “el que nace como consecuencia de la violación, no tiene culpa alguna de la forma a través de la que fue concebido “ y que reconocer esta causa como eximiente de la pena-como así lo establece el artículo 86 del Código Penal - significa “invocar una razón material que beneficia a la madre pero que perjudica a la sociedad que respeta el derecho a la vida”.
Badeni observa que las excepciones del artículo 86 se remite a una “concepción racista de la década del 20 que imperaba en el derecho penal”. “Se facultó el aborto a una mujer demente o idiota porque se creía que tendrían hijos con esas características y eso no era bueno para la sociedad”, dijo el abogado. ”Con ese criterio podemos autorizar la cláusula para personas nacidas deformes”, concluyó.
Frente a esta cuestión Sabsay sostuvo que “en las circunstancias actuales debe respetarse el artículo” y que “el tema debe dirimirse en el ámbito de la salud”. “No es posible que los hospitales pidan autorización judicial cuando la ley los hablita para practicar la interrupción del embarazo. Creo que esta actitud resulta como consecuencia de la presión fuerte de grupos ligados a agrupaciones religiosas sumamente fundamentalistas o que evidentemente ejercen mucho poder”.
El constitucionalista observa una “situación de desigualdad” sobre la aplicación de la norma porque “hay jurisdicciones en las que se aplica correctamente y hay algunas que no hacen uso de manera igualitaria. Debería haber una política de Estado que se exija a los jueces cumplir con la ley”.