Cataldi aseguró que en general los empleados de la institución que preside, alrededor de 100 personas, “cobran sueldos de 3.000 pesos y pretenden un aumento del 100 por ciento” es decir llegar a los 6.000.
“El Patronato de liberados no está en condiciones de satisfacer esa demanda”, afirmó Cataldi, quien además recordó que durante el transcurso de este año se les otorgó un aumento del 30 por ciento, sumado a que “la mayoría de ellos tiene otro empleo”.
Además, minimizó la protesta que realizaron los empleados del Patronato frente a los tribunales de Lavalle 1171, donde se desempeña Cataldi. Fue “un grupito, empleados no llegaban a veinte”, aseguró.
Cataldi desmintió la versión de los trabajadores respecto al posible cierre del Patronato, y explicó cual es la problemática actual.
“El patronato, antes que yo me hiciese cargo, allí el personal no estaba en relación de dependencia sino que estaba mediante contratos de locación de servicio, estos contratos encubría situaciones de relación de dependencia”, explicó.
Así, al regularizarse la situación de los trabajadores, muchos no quisieron someterse al nuevo régimen e iniciaron demandas laborales contra el Patronato, según señaló Cataldi.
Cataldi explicó que el Patronato dos subsidios: uno de la Corte Suprema, el cual se utiliza para realizar los informes ambientales de toda persona imputada; y otro del Servicio Penitenciario Federal (SFP) para llevar el control de las normas de conducta, una vez que recuperan la libertad.
Por otro lado, reconoció la queja de los trabajadores de la institución respecto a las deficiencias estructurales del Patronato.
“Estamos tratando de obtener nuevos espacios”, dijo Cataldi, y adelantó que “salió una licitación para establecer un nuevo lugar y también otro aportado por el Gobierno de la Ciudad”, remarcó.
Sin embargo, ratificó que por el momento “están suspendidas las conversaciones ante la intransigencia de UTEDYC”.
La semana pasada, los empleados del patronato de liberados denunciaron mediante un comunicado sobre una grave situación laboral por la cual dicen no poder “responder adecuadamente” con sus tareas. Falta de personal, ausencia de recursos y problemas edilicios, entre otros, son las quejas de los trabajadores.