La entidad y la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) presentaron ante la Comisión Permanente de Defensa de la Independencia del Poder Judicial documentación sobre la situación que atraviesa la Justicia de Chubut. La Comisión es precedida por Carmen Argibay y Helena Highton de Nolasco y se prevé que el tema sea tratado en una reunión el próximo 5 de diciembre.
Durante todo el 2008, las peleas entre jueces y políticos fue una constante. Las disputas fueron por la seguridad, la independencia de la Justicia y la destitución del ex procurador Eduardo Samamé. Ahora la discusión se centró en una ley dictada por la Legislatura.
Se trata de una norma que modificó las partidas presupuestarias del Poder Judicial para adjudicarlo a obras de la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia. “Ahora el poder legislativa realiza actos de directa injerencia. Vemos que no hay ningún respecto institucional. Se trata de algo gravísimo que nos afecta día a día”, le dijo a Diariojduicial.com el juez penal de Esquel e integrante de la Asociación de Magistrados Jorge Criado.
El tema llegó al Máximo Tribunal luego que la Asociación de Magistrados de Chubut lo llevará a la 71 asamblea de la FAM. Por unanimidad, la entidad que nuclea a todas las asociaciones de jueces del país resolvió llevar el tema a la Comisión Permanente de Defensa de la Independencia del Poder Judicial.
Criado recordó que el tema llegó a la máxima instancia judicial de la provincia al sostener que el Superior Tribunal de Justicia hizo una “dura crítica” sobre el avance del Poder Legislativo.
“Este acto legislativo implica una inaceptable injerencia sobre facultades propias del Poder Judicial en lo que a su independencia atañe y merece una enérgica advertencia sobre los graves riesgos que importaría la consolidación de políticas de esta naturaleza”, señala el plenario 3761 de este lunes”, sostuvo el STJ a través de una acordada dictada por unanimidad la semana pasada.
En esa oportunidad, el tribunal había señalado que era “un deber imprescindible” denunciar esa intromisión ante el Gobierno provincial y la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, la denuncia la concretó la Asociación de Magistrados.