Estévez Cambra, durante una audiencia a la que había sido convocado por el juez federal Norberto Oyharbide, ante quien había efectuado la primera presentación advirtió que con su resolución –adoptada a través de la vía del “per saltum” —pudieron haber incurrido en prevaricato (actuar contrario a la ley) e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El denunciante señaló que la Corte se arrogó “el entendimiento en una causa por la presentación de quien no era parte en el respectivo expediente” que se sustanciaba ante el juzgado en lo contencioso administrativo a cargo de Martín Silva Garretón.
Al respecto, indicó que “no obstante la situación de emergencia por la que atraviesa el pais ello no autoriza a ningún Juez de la Nación a apartarse de los que expresamente indica la Constitución Nacional”.
Asimismo, advirtió que los ministros en su fallo “pronunciarse sobre la vigencia del derecho de propiedad garantizado por el artículo 17 e incluso la llamada ley de intangibilidad 25466, ordenando una manda ilegítima”, como lo es “el redepósito de las sumas de propiedad de los accionantes, cuya entrega a los mismos había sido ordenada en el marco del proceso judicial por el juez competente”.
Asimismo, advierte que la delegación de atribuciones legislativas que en su momento obtuvo el gobierno de De la Rúa y en cuyo marco Cavallo aplicó las controvertidas medidas “en modo alguno le permite al Ejecutivo Nacional crear modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ni a la ley 18345 de modo tal que implique la supresión lisa y llana de la garantía constitucional de derecho de defensa en juicio, modificando de la manera pretendida todo el sistema de competencia de los jueces naturales”.
A su entender la decisión de la Corte “no sería mas que una demostración de que la confiscación de los depósitos de particulares ya había sido urdida a partir del dictado del decreto 1387”.
En la presentación Estévez Cambra pidió que sean investigados los ministros Julio Nazareno, Eduardo Moliné O´ Connor , Carlos Fayt, Augusto Belluscio, Adolfo Vázquez, Antonio Boggiano, Gustavo Bossert y Guillermo Lopez.
Por último, solicitó la realización de pericias contables para establecer de que forma y dónde las entidades bancarias resguardaron los depósitos que se pretendían proteger a partir de la vigencia del “corralito”.