Parrilli y Sugrañes exhortaron al magistrado a emplear "todos los mecanismos" que tiendana "colaborar con la reconstrucción del país en aras del bien común", al requerirle una serie de medidas vinculadas con los derechos constitucionales de propiedad e igualdad, que consideran violados con la implementación del decreto 1570/01 que puso límites al retiro de fondos de los bancos.
En su presentación, requirieron que se libre oficio al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que organismo informe "la totalidad de las transferencias de divisas que se realizaron al exterior desde el 1 de febrero al 30 de noviembre de 2001".
El pedido apunta a que, con posterioridad a la respuesta de esos informes, se libren exhortos diplomáticos a las autoridades de países donde se hubieran hecho las transferencias y, una vez individualizadas esas cuentas, se disponga la afectación en los mismos términos que pesan sobre las locales desde el 1 de diciembre último.
Dicha presentación es, en realidad, una ampliación de un planteo que los letrados formularon días atrás, cuando solicitaron que se investigue si el presidente Eduardo Duhalde fue objeto de Coacción por parte de empresas y países con intereses en la Argentina.
En aquella denuncia se fundó el reclamo basándose en "las propias manifestaciones" de miembros del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y del Congreso de la Nación, quienes dieron cuenta de las presuntas presiones sufridas por Duhalde, entre ellas, una conversación telefónica que el mandatario sostuvo con su par español José Maria Aznar.
También indicaron que del régimen que establece la Ley de Emergencia Pública "se desprende que los bancos, las companías prestatarias de servicios públicos esenciales y las empresas petroleras, todas extranjeras, podrían sufrir una merma de sus ganancias como consecuencia de la devalución producida y la denominada pesificación".
En su escrito inicial, los denunciantes citaron dichos del senador nacional Raúl Alfonsín y conceptos del diputado Leopoldo Moreau, en su intervención en la cámara baja durante el tratamiento de la ley, cuando mencionó "las presiones que se iban a tener que soportar para llevar adelante las disposiciones" de la norma.
Una de las cuestiones que debe resolver Ballestero es si, tal como se lo pidieron los denunciantes, cita a declarar como testigos a Duhalde, Cafiero, Moreau y Alfonsín. Los primeros, para que digan si sufrieron presiones directas y los legisladores para que expongan cuanto sepan sobre la supuesta coacción.