Además, de esos casos, 341 corresponden a fusilamientos, “ejecuciones extrajudiciales sumarísimas”, con la participación incluso de “escuadrones de la muerte”, especialmente en “el conurbano bonaerense y zonas de la ciudad de Buenos Aires”. En la categoría “Intrafuerza o intrafamiliar”, incluye “210 episodios en los que víctimas y victimarios resultan camaradas de la misma fuerza”.
Además, por “Otras circunstancias” se circunscriben “105 muertes de transeúntes o terceros provocadas por el desprecio de la vida humana de las funcionarios policiales”. Y 52 homicidios se perpetraron en protestas sociales, y cierra el estudio “Causa fraguada o consecuencia de otros delitos”, con 23 casos, más ocho fallecimientos sin especificar.
Por otra parte 822 muertes se produjeron desde 1983 en cárceles, comisarías y “bajo custodia”. Los casos más severos corresponden a las provincias de Mendoza, Santiago del Estero, Santa Fe y Buenos Aires, donde son revestidos como “suicidios por ahorcamiento e incendios”.
Diariojudicial.com dialogó al respeto con la titular de Correpi, Maria del Carmen Verdú, quién dijo que los “periodos históricos del 83 a la fecha de manera permanente donde desde el discurso oficial se plantean de manera cíclica estas medidas de endurecimiento” ya agregó “que dependen de dos factores necesidades de acumulación de consenso y del aparato represivo”.
También el informe consigna que el 64% de las muertes las producen el conjunto de las policías provinciales, el 19% los servicios penitenciarios y el 9 por la policía federal.
Según el informe, en la Argentina muere día por medio una persona producto del gatillo fácil, la tortura, en cárceles y comisarías, y la represión en movilizaciones, a razón de 16 muertes por mes. Esto, durante los gobiernos del matrimonio Kirchner. Cifra que supera todos los gobierno democráticos desde 1983.
Verdú planteó que la represión es una “política estatal” y dijo que “la Justicia forma parte del aparato (represivo)”. Para lo cual también expresó acerca del “progresismo” K que “se quedan en lo discursivo, lo que no implican una modificación en la práctica”.
En cuanto a que si el gatillo fácil representa algún resabio de la dictadura Verdú planteó que “resabios de la dictadura es una de las tantas explicaciones cuando en realidad lo que hay es una política de estado imprescindible para todo gobierne que administre una sociedad de clases”.
También al explicar esta “sistematicidad de la política de estado” recurrió al papel de la Justicia. Explicó como la Corte en el fallo del 2007 “Derecho, René Jesús s/ incidente de prescripción de la acción penal” lo que hace es “corregir la doctrina Bulacio ya que considera que no es lo mismo torturar en dictadura que hacerlo en democracia”.