La deuda alcanza los 107 millones de pesos, según confirmó a Diariojudicial.com , Simon Hernández, Fiscal de Estado de la provincia. “Como oficina técnica que somos hay más de 100 millones de pesos que nos adeudan con respecto a Planes de Vivienda” dice el fiscal.
El problema radica en que “el Gobierno dice que se han enviado los fondos, pero aquí no han llegado, así que puede haber un desvío de los fondos” argumenta Hernández y agrega que “se hizo una presentación ante la Auditoria General de la Nación para que intervenga, y se ha hecho un intervención penal en el juzgado Federal”.
Cabe mencionar, que días atrás el secretario de Obras Públicas de la Nación, José López aseguró que no había ninguna deuda con la provincia. “Dicen que son 100 millones. Cuando se acerque más la campaña, van a decir 200 o 300. Nosotros no tenemos ningún registro de ninguna deuda con el gobierno de la provincia. La secretaría devengo todo y no tenemos ningún registro de nada”.
La denuncia penal fue presentada el jueves ante el juzgado Federal pertinente, mientras que la presentación frente a la Auditoria General de la Nación fue presentada el viernes.
El próximo lunes, la presidente Cristina Fernández de Kircher llegará a la provincia para inaugurar obras en el contexto del año electoral que ya está en marcha.
En concordancia con las acciones que lleva adelante la Catamarca, existen otras provincias que también plantean sus inconvenientes con el Gobierno Nacional. Tal es el caso de la provincia de Corrientes que decidió llevar a la Corte su reclamo para que se respete el piso de 34% en los envíos de coparticipación al interior.
Otro tanto sucede en San Luis cuyo gobierno envió una carta documento al Ministro de Planificación Julio de Vido para que incorpore a San Luis en el programa federal plurianual de construcción de viviendas. Y también intimó por la vía judicial por las deudas en los fondos de coparticipación.
Algo a tener en cuenta es que, como le sucede a Catamarca y a San Luis, el gobierno Nacional también dejó fuera de ese plan a las provincias de Corrientes, Santa Fe y a la ciudad de Buenos Aires. En todos los casos se trata de provincias que se encuentran políticamente enfrentadas con el gobierno de Fernández de Kirchner.