Bravo se presentó también ante el Consejo de la Magistratura solicitando la destitución de los camaristas Santiago Corcuera, Alberto Dalla Via y Rodolfo Emilio Munné, “por la comisión de delitos y mal desempeño”, aportando “pruebas concluyentes” al respecto.
La presentación que ingresó hoy en la Cámara Federal recayó por sorteo en el juzgado federal 4, transitoriamente a cargo del juez Jorge Luis Ballestero.
Asi mismo, la diligencia judicial del legislador fue acompañada por los abogados Juan Ramos Padilla y Alejo Ramos Padilla, junto a quienes solicitó la intervención de la Corte Suprema de Justicia. No obstante haber recusado “en duros términos” a los integrantes del máximo tribunal “en base a los reiterados pedidos de juicio político” que el diputado viene presentando en su contra, ya sea desde su cargo parlamentario como del de presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
En ese sentido, se reclamó la intervención del Senado de la Nación “para que ponga orden en este conflicto institucional, ya que la Justicia y especialmente la Corte, no ofrece ninguna garantía”.
Entre las presuntas irregularidades cometidas por los camaristas, que Bravo desgrana en su escrito de 130 páginas, sostiene que “al Fiscal le ocultaron el expediente” y “no pudo intervenir en el juicio”, a la vez que “se ocultaron pruebas decisivas para resolver el caso y en forma. Desnaturalizando el voto con las intención de favorecer a quien no fue consagrado en las urnas”.
Bravo ratificó que en esos comicios había obtenido a su favor mayor cantidad de sufragios y luego que la Junta Electoral lo consagrara en forma definitiva e inapelable como Senador, se comenzaron a realizar “maniobras para impedir que acceda a la banca”.
“También por eso, la justicia deberá investigar a Béliz y sus representantes”, reclamó el legislador, al señalar que “se violaron todas las reglas relativas a la seguridad jurídica de la defensa en juicio, a la cosa juzgada, el debido proceso y la voluntad soberana del Pueblo cuando se desconocieron los derechos políticos que consagra la Constitución”.