Fuentes judiciales confirmaron a Diariojudicial.com que los policías, en su mayoría responsables de las comisarías que actuaron en los incidentes pero también de dependencias operativas y de coordinación, aseguraron que recibieron “órdenes por escrito” de la superioridad de la fuerza para realizar “tareas de contralor y de disuasión de grupos de manifestantes violentos”.
Además, los comisarios indagados negaron terminantemente que sus efectivos hayan usado “balas de plomo”, como las halladas –según las pericias parciales- en los cuerpos de las cinco víctimas fatales.
“Solo contestamos a los grupos más violentos que nos atacaban”, indicaron los comisarios, quienes especularon que la orden superior de desalojar de plaza de Mayo “se adoptó porque existía el peligro de toma de la casa Rosada”, por parte de algunos manifestantes.
Los policías detallaron que el accionar policial se basó en una “política de traslado” de un lugar a otro a los grupos de manifestantes para “agotar la posibilidad de nuevos ataques”.
Fuentes ligadas a la investigación, en la que participa también la fiscalía 5 a cargo de Luis Comparatore y Patricio Evers, arriesgaron que, a partir de las indagatorias tomadas hasta ahora, se “delinea una investigación que conduce hacia arriba”, es decir, hacia la cúpula de la fuerza, en ese entonces a cargo del comisario general Rubén Santos, quien podrá ejercer su defensa el próximo 5 de febrero.