La iniciativa presentada en las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales consiga que “el dominio, y cualquier otro derecho real sobre inmuebles rurales ubicados en las zonas de seguridad, sólo podrán ser adquirido por ciudadanos argentinos nativos, ciudadanos argentinos por opción o ciudadanos argentinos naturalizados cuya residencia permanente en el país tenga una antigüedad mayor a 10 años y personas jurídicas argentinas”.
Las “zonas de seguridad” fueron establecidas por el decreto 15.385/44 (ratificado por la Ley 12.913), y técnicamente ubicadas a lo largo de la frontera terrestre y marítima y, en zonas del interior, alrededor de establecimientos militares o civiles cuyo interés radica en la protección del mismo por razones de defensa y seguridad nacional.
Sumado a esto, también “adquieren relevancia por su cercanía a parques nacionales, lo que implica que la inversión de capitales extranjeros para la adquisición de grandes extensiones de tierras, generan concentración en la titularidad de empresas relacionadas al turismo y la producción, ocasionando una modificación de las economías regionales con el consiguiente desplazamiento de las comunidades locales, las cuales sufren el desarraigo y pérdidas de sus fuentes de trabajo”.
Además de las fundamentaciones mencionadas, el proyecto se respalda en la legislación comparada en la materia. En este sentido menciona los casos de México, Perú, Honduras, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Brasil y Chile, países donde existe una legislación similar a la propuesta.
Es por ello que “en concordancia con las legislaciones de otros países, prohibir la compra de tierras por parte de extranjeros sería lo adecuado ya que, de continuar el proceso de extranjerización de nuestras fronteras, implica abandonar preservación de recursos naturales no renovables y el desarrollo nacional, así como nuestra identidad y cultura”.
“Venimos padeciendo desde la década de los 90 hasta la actualidad de un acelerado proceso de extranjerización de tierras, pese a la existencia de numerosos proyectos de ley en la Cámara de Diputados que pretenden -sin prohibir- acotar la accesibilidad de extranjeros a grandes extensiones de tierras, disponiendo límites y restricciones a la compra de las mismas por extranjeros” sentencian los responsables del proyecto.
Por otro lado, similares intenciones tiene otro proyecto presentado hace unas semanas en el Senado. Se trata de una iniciativa de la senadora Silvia Giusti (Frente para la Victoria – Chubut) que propone que los extranjeros, tanto como personas físicas o jurídicas, no puedan comprar más del 2 por ciento “de la superficie total de una provincia” o el 10 por ciento “de una comuna en todo el territorio argentino”. El límite también alcanza a “las personas jurídicas nacionales en las que participen, a cualquier título, personas extranjeras físicas o jurídicas”.
Habrá que pasar las elecciones para que ver si el Poder Legislativo trata estas iniciativas y resuelva la problemática.