El texto propone “que toda persona que se encuentre privada de libertad, procesados con prisión preventiva y/o con condena firme o no, en todo el territorio de la República Argentina, deberá realizar una jornada laboral de ocho (8) horas diarias de producción, a fin de que sus objetos producidos sean comercializados en el exterior de los servicios de prisión o reclusión de donde se encuentre alojados”.
Entre los fundamentos del proyecto se consiga que la iniciativa intenta paliar “el grave daño que produce el ocio y tiempo libre que los presos, detenidos o reclusos, tienen en sus lugares de detención”. Además, mediante el trabajo de los presos poder ayudar a sus respectivas familias mediante un ingreso.
En cuanto al modo de aplicación de la propuesta presentada por la diputada puntana, Ivana Bianchi, se crearía un fondo común de depósitos bancarios, administrado por el Poder Ejecutivo a partir de la creación de un “Consejo de Fondos de producción de Detenidos”.
El Consejo tendrá entre sus funciones la administración de dichos fondos para que lleguen a los familiares de los reclusos; así como establecer políticas y planes de producción y capacitar a los detenidos para que aprendan oficios. Para lo cual será el encargado de realizar contratos y/o convenios en busca de “ubicar la producción de los presos”.
Conjuntamente con esto deberá implementar la obligatoriedad de educación primaria y secundaria para todos los detenidos que no posean estudios. Lo que para se volverá optativo con respecto a la educación primaria y secundaria.
Un proyecto de similares características se lleva adelante en la Unidad 2 del penal de Sierra Chica. Allí, los reclusos, a partir de una iniciativa del Ministerio de Justicia de la Provincia, se encuentran explotando una cantera desde el año 2005.
Donde “de su actual potencial laboral para 150 internos, con estas nuevas posibilidades el emprendimiento posibilitaría la creación de nuevas fuentes de trabajo, directas e indirectas, para unos 1.000 alojados dentro del sistema”. Y, de lograrse la explotación plena de la cantera “alrededor de 1000 personas privadas de libertad podrán acceder a diferentes proyectos laborales que actualmente están vigentes dentro del Servicio Penitenciario y que verán incrementado su capital de inversión para crear nuevas fuentes de trabajo”.
Además, en junio de este año según informó el Servicio Penitenciario Bonaerense, se comenzarán a implementar dos nuevos proyectos laborales para los presos. Se trata de una fábrica de alpargatas y por otro lado, estampados textiles y serigráficos.
Similar al ejemplo de Sierra Chica, ocurre en Esquel donde durante el día los reclusos trabajan como barrenderos, contratados por la Municipalidad, o en carpinterías.
Para la diputada la iniciativa permite que “la prevención de futuros delitos que otras tantas severas medidas que suelen proponerse, y permite la reinserción social y laboral”.