Entre los fundamentos para solicitar la aprobación del proyecto, la senadora Escudero sostuvo que la necesidad de regular por ley lo concerniente a las acciones de clase “se ha potenciado” a partir del fallo “Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley 25.873 - dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986”, de la Corte Suprema de Justicia.
En esa resolución, del 24 de febrero pasado, el Máximo Tribunal acusó de “mora” en la materia al Poder Legislativo. Ese expediente se inició a partir de la presentación del abogado Ernesto Halabi que promovió una acción de amparo solicitando que se declarara la inconstitucionalidad de la “ley Espía” (Nº 25.873) y de su decreto reglamentario 1563/04, porque consideró que sus disposiciones vulneran las garantías establecidas en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional.
La norma citada autorizaba, según recordó la senadora por Salta, la intervención de las comunicaciones telefónicas y por Internet sin que una ley determine “en qué casos y con qué justificativos”.
En primera instancia, la jueza hizo lugar al pedido de inconstitucionalidad e igual criterio mantuvo la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. La Cámara consideró que la legitimación del actor “no excluía la incidencia colectiva de la afectación a la luz del 2° párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional” por lo que la sentencia dictada en tales condiciones debía “...aprovechar a todos los usuarios que no han participado en el juicio”.
La senadora hizo mención al fallo de la Corte de febrero pasado que señaló que en Estados Unidos, a partir de las directivas del Bill of peace del siglo XVII, se delineó la institución de las class actions. Los ministros también señalaron que España instruyó acciones de clase aunque en el ámbito de consumidores y usuarios.
En la resolución, la Corte indicó que para la admisión formal de cualquier acción colectiva se requiere la precisa identificación del grupo o colectivo afectado, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación y la existencia de un planteo que involucre, por sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo el colectivo.
Al presentar la iniciativa, Escudero retomó un proyecto presentado por el entonces senador Eduardo Bauzá en el año 2000 para legislar sobre acciones de clase pero al no ser tratado, perdió estado parlamentario en febrero de 2002.
La senadora por Salta, que preside la comisión Seguridad Interior y Narcotráfico, propició un debate en la Cámara Alta, que tuvo lugar el 17 de marzo pasado, en el que plantearon cuestiones tales como si era necesario regular las acciones de clase o bastaba con regular el amparo colectivo previsto por el artículo 43 de la Constitución nacional; si las acciones de clase se debían limitar a las cuestiones de índole patrimonial o debían abarcar también la defensa de cualquier interés con incidencia colectiva; si las acciones de clase debían dar lugar al opt out, esto es, contemplar la opción de algún miembro de la clase a salirse de ella y litigar por su cuenta o esta posibilidad debía estar excluida.
En su primer artículo, el proyecto establece que deberán considerarse entre las acciones de clase a aquellas “cuyas pretensiones puedan involucrar como legitimados directos a uno o varios grupos de personas, calificados de manera que los distinga de entre los demás de la jurisdicción del tribunal”.
El artículo 3º dispone la aplicabilidad del procedimiento a las acciones que se promuevan en defensa de derecho de incidencia colectiva, contra actos de discriminación de carácter genérico y en resguardo de los derechos a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, a la competencia, al usuario y al consumidor. En tanto, el artículo 4º compatibiliza la acción de clase con el amparo colectivo.
Por su parte, el artículo 7º excluye a estas acciones de la mediación obligatoria a que regula la ley 24.573. Además, el texto remitido a los senadores prevé la creación del Registro de Juicios universales.
Fuentes vinculadas a la senadora Escudero indicaron la voluntad de abordar el tratamiento del proyecto en la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico. Debido al receso impuesto por la pandemia de la Gripe A, la iniciativa aún no se trató en comisión.