04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Mucho ruido, poco debate

Este jueves comenzó el tratamiento en la Cámara de Diputados de la denominada Ley de Servicios Audiovisuales. En un ambiente por momentos áspero, se criticó al proyecto oficial principalmente por la conformación de la autoridad de aplicación, la inclusión de las telefónicas y la revisión del espectro cada dos años.

 
Pautada para las 10 de la mañana la reunión conjunta comenzó treinta y cinco minutos más tarde, porque quienes integran la comisión de Libertad de Expresión se reunieron con anterioridad para consensuar un cronograma de audiencias públicas. El objetivo es que las audiencias públicas para el tratamiento de los proyectos sean a nivel nacional y por regiones, tal como lo explicó la presidenta de la comisión, Silvana Giudici.

Una vez comenzado el plenario de comisiones, el titular del Comfer, Gabriel Mariotto, realizó una breve exposición, no de los contenidos, sino del “espíritu” de la ley. En este sentido expresó que el proyecto se ajusta a lo consignado por el Pacto de San José de Costa Rica, donde “monopolio y oligopolio atentan contra la libertad de expresión”. Además remarcó, que “debemos llegar al mejor marco jurídico posible” ya que “poner en el centro de la escena los ejes de comunicación, son realmente un desafío”.

Tras la presentación, se alzaron las voces de algunos diputados que criticaron la falta de exposición de contenidos del proyecto oficial. Finalmente se abrió el debate.

Claudio Lozano solicitó en primer lugar el giro a la comisión de Cultura de los proyectos y luego criticó y pidió que se saquen los artículos 21 y 23 de la iniciativa que permiten a las empresas telefónicas el ingreso en los medios de comunicación. Explicó que con ello se “estarían incorporando en el mercado jugadores con un peso dominante mayúsculo, que no sólo tienen capacidad de condicionar de manera directa, sino indirecta, por su capacidad económica y tecnológica”.

Tales críticas también fueron pronunciadas por el diputado neuquino, Hugo Prieto, cuando explicó que “desde la Concertación tenemos algunas observaciones sobre la ley de comunicación audiovisual, como por ejemplo, el tema de las telefónicas y sobre la autoridad que controlará esta futura ley”.

Mariotto respondió que “el proyecto tiende a incorporar nuevos jugadores” y “las señales de cable no son objeto de sanción de ley”. “Quien genera contenidos no los puede distribuir” dijo y acto seguido anunció que había firmado “la denegación que pidió cablevisión para operar en conjunto con multicanal” ya que “no se trata de cambiar un monopolio por otro”. Además agregó que “se abre el ingreso a las telefónicas en tanto y en cuanto se ajusten al derecho y tengan la imposibilidad de convertirse en monopólicas”.

Respecto a la autoridad de aplicación, Lozano sostuvo que “esta autoridad de aplicación tiene que tener un componente federal y comunitario articulado regionalmente y no puede estar subordinada al poder ejecutivo de turno”. Además hizo hincapié en que “la comunicación audiovisual es un servicio público, es algo que debe decirse con toda precisión”, lo que en consecuencia genera que “el espacio radioeléctrico es un bien público del estado argentino”. Visión muy emparentada con la de Miguel Bonasso que manifestó “no sólo lo político ejerce censura, sino también el poder económico” y en consonancia con la necesidad de lo público presentó de un proyecto propio denominado de Servicios Públicos de Comunicación Visual. Su propuesta sostiene la necesidad de que “el Estado tenga un gran poder mediático, el Estado, no el gobierno”, para lo cual también bregó por que sea el parlamento quien deba sostener la autoridad de aplicación ya que “es el organismo más plural que tenemos”.

Otro de los puntos muy criticado por la oposición fue paradójicamente traído por un oficialista, Julio Piumato, quien pidió al interventor del Comfer que clarificara los artículos 40 en relación al significado de “revisar las reglas” así como el artículo 80.

El representante del Gobierno Nacional indicó que “si este proyecto de ley quisiera revisar las licencias adjudicadas cada dos años, de verdad sería un proyecto autoritario”, pero la revisión tiene que ver con el tránsito de lo analógico a lo digital. Lo que se revisa es “el espectro para ver lo que hacemos con el dividendo digital” y aseguró que debe tenerse en cuenta que “el artículo cuarenta dice expresamente ‘preservando los derechos de los licenciatarios’”.

Aparentemente y tras el debate en diputados, pareciera que el proyecto, de avanzar, sufrirá modificaciones. Tal y como lo expresa Prieto, “sin dudas el proyecto debe ser corregido en algunos de sus artículos. Pero esas correcciones sólo se puedan llevar adelante mediante el diálogo y el consenso con todos para poder alcanzar una ley de medios que permita la diversidad cultural, la pluralidad de voces y la necesaria participación de los ciudadanos”.

Al término de esta edición el debate seguía transcurriendo en la Cámara de Diputados, habrá que ver si y en ese caso cuándo, se obtiene dictamen favorable para que pase al recinto.

Algunas curiosidades de la reunión

Mientras enunciaba su discurso la diputada Graciela Camaño, se escuchó desde el sector ocupado por periodistas, “ahora anda a buscar el cheque de clarín”. Ello motivó que la legisladora se levantara de su lugar y fuera directamente a increpar a quien emitió aquellas palabras, un asesor de la legisladora Victoria Donda.

De un momento a otro, el centro dejó de ser el debate y tanto las cámaras que se encontraban en el lugar, como los periodistas, los asesores, y el público en general fueron testigos de la “gresca”, aunque duró pocos minutos.

Foto: Télam



dju / dju
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