Según explicaron allegados al tema, el procedimiento legal determina que los presupuestos reclamados por los distintos organismos al Ministerio de Hacienda de la Ciudad, éstos son girados automáticamente a la Legislatura para su análisis y tratamiento.
Pero desde hace varios años atrás, y así se hizo en este caso, según explicó una fuente, el Ministerio de Haciendo rebaja el monto de los presupuestos asignados y así lo envía a la legislatura.
Quien salió inmune fue el Tribunal Superior de Justicia, TSJ, a quien desde el Ejecutivo no se le realizaron recortes a los fondos reclamados. En su exposición ante los legisladores de la Comisión de Presupuesto, el Director General de Administración, Alberto Giménez, explicó cómo serán invertidos los 33 millones de pesos, gran parte de los cuales serán destinados a pagar salarios.
Según explicó la titular de la Asesoría Tutelar, Laura Mussa, a DiarioJudicial.com, el presupuesto reclamado por el organismo es de 29 millones de pesos, y ya le recortaron tres. Mussa justificó la asignación de fondos en la creación de nuevas defensorías penales juveniles, nuevas asesorías en lo Contencioso Administrativo, y para garantizar el funcionamiento de las oficinas de atención ubicadas en zonas de menos recursos, y recepcionar aquellas denuncias por derechos vulnerados de los menores.
Mussa explicó a Diariojudicial.com que los tres organismos fueron convocados por la comisión de Presupuesto, para explicar en que utilizarán los fondos que reclaman.
En el salón Montevideo de la Legislatura, el presidente del Consejo, Mauricio Devoto, reclamó que se analice asignar los 319 millones reclamados, y no los 281 que analizan otorgarle desde el Ejecutivo.
Uno de los reclamos históricos y fuertes del Consejo que aún no le satisficieron es la asignación de fondos para poder adquirir propiedades propias, y no seguir utilizando inmuebles alquilados.
También expuso el fiscal general de la Ciudad, Germán Garavano, defendió el reclamo del presupuesto para su área cerca de los 120 millones de pesos, de los cuales el Ejecutivo recortó 10.552.078 pesos.
Garavano justificó los fondos que reclama en el crecimiento de los índices delictivos, y en consecuencia la mayor labor que apareja para los fiscales. En ese sentido, habló que en 2009 los casos tratados por los fiscales fueron de 60 mil, el doble que la cifra histórica, y además habló de una mayor complejidad en los distintos casos.
Luego le siguió el Defensor General porteño, Mario Kestelboim, quien recordó la división histórica que se hace al conceder el presupuesto a las tres cabezas del Ministerio Público. 50 por ciento para las fiscalías, 35 por ciento para las defensorías, y el resto para la Asesoría Tutelar.
Kestelboim le recordó a los legisladores que el presupuesto reclamado era de 80 millones de pesos, y sólo se les concedió desde el Ejecutivo poco más de 60.
Es por ello, que cada uno de los organismos le presentó a los legisladores de la Comisión el pedido de presupuesto original que realizaron, para que los mismos fuesen comparados con aquellos que mandó el Ministerio de Hacienda “post recorte”.
Ahora, los legisladores integrantes de la Comisión empezarán a tomar contacto con las áreas contables de cada uno de los organismos, y se prevé que en las próximas semanas la Legislatura empiece a tratar los presupuestos que finalmente asignarán para el año próximo.