En rigor, la modificación que votó Diputados este miércoles fue una adaptación de la legislación local a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esa adecuación fue ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en mayo de 2008 en el fallo “Kimel”.
El periodista argentino Eduardo Kimel fue condenado por criticar la actuación de la Justicia en su investigación sobre el asesinato de monjes palotinos durante la dictadura, volcado en su libro La masacre de San Patricio.
Actualmente, el Código Penal prevé penas de hasta tres años de prisión y multas que pueden llegar a los 90 mil pesos para los delitos de calumnias e injurias.
El anuncio del envío del proyecto al Congreso estuvo a cargo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien aprovechó la visita de integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en septiembre pasado (en conmemoración del 30º aniversario de la visita de 1979). En ese momento, la primera mandataria aseguró que prefería “mil millones de mentiras antes que ser la responsable de haber cerrado la boca de alguien”.
El proyecto, que ya fue girado al Senado, quita la penalización con cárcel de los delitos de calumnias e injurias, pero mantiene las multas establecidas por ley. El texto votado este miércoles establece que “en ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas”, así como “tampoco configurarán delito de injuria los calificativos lesivos al honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público”.
La mayor parte de la oposición votó a favor de la norma en general pero la criticó por quedarse “corta”. La diputada Marcela Rodríguez (CC), que impulsaba un proyecto por la derogación total de los delitos de calumnias e injurias, afirmó que la iniciativa oficial “se queda a mitad de camino porque no toma todas las recomendaciones de la CIDH”.
La radical Silvana Giudici acompañó en general, pero pidió “ir más allá en la definición de la libertad de expresión” y reclamó cambios en la redacción del proyecto. Una de las pocas que se opuso de plano al proyecto fue Lidia “Pinky” Satragno, diputada por el Pro. “Ahora, a calumniar se ha dicho”, dijo Pinky.
Los diputados también dieron media sanción a otro proyecto de reforma al Código Penal: el que permite la participación como querellantes de los organismos de Derechos Humanos en las causas por crímenes de lesa humanidad. La modificación apunta a acelerar los procesos por este tipo de delitos.