Antes de llegar a la Legislatura, Scioli pasó por la Suprema Corte de Justicia, donde fue recibido por el presidente del tribunal, Luis Genoud; la vicepresidenta, Hilda Kogan, y la procuradora general, María del Carmen Falbo.
“Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para enfrentar a estos brutales asesinos, no voy a parar hasta que uno por uno esté preso”, dijo Scioli antes de entrar a la Legislatura donde también presentó una modificación al Código Procesal Penal, para modificar el régimen de excarcelaciones.
Los cambios apuntan a considerar como agravantes, a la hora de decidir la excarcelación de un detenido, el empleo de armas y el reclutamiento de menores –por parte de un mayor- para cometer delitos graves.
De ese código (ley Nº 11.922), Scioli prevé modificar los artículos 168 bis (audiencia preliminar), 169 (procedencia) y 308 (procedencia y término). “El carácter siempre cambiante de los fenómenos sociales e institucionales reclama la permanente revisión de los marcos regulatorios. De otro modo, la loable aspiración de estabilidad y permanencia de las leyes, puede ir en detrimento de la eficacia de la actividad estatal a la hora de dar respuestas concretas a la ciudadanía”, aseguró el Ejecutivo bonaerense en el proyecto presentado ante los diputados.
Por su parte, la propuesta de modificación del Código Contravencional incluye sanciones a quienes marchen con máscaras en la calle, el merodeo, la vagancia, la ebriedad. Casi un centenar de organizaciones políticas, sociales y sindicales denunciaron públicamente el proyecto porque “viola la Constitución nacional y la provincial y los derechos individuales y colectivos más elementales”.
En declaraciones radiales, el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, dijo que para elaborar el Código se trabajó en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos. La ley, que cuenta con 159 artículos, incorporará (si lo aprueba la Legislatura) las figuras de la “exigencia de dádiva amenazante” y “el uso cara tapada y armas impropias”.
El ministro adelantó que la incorporación de la figura del “uso de cara tapada y armas impropias” como “palos y tumberas” en el marco de manifestaciones o protestas, “va a ser motivo de mucho debate”.
Los anuncios de Scioli y sus ministros ya generaron el rechazo de jueces, defensores oficiales, abogados, universidades, organismos de derechos humanos y representativos de la sociedad.