El comunicado, firmado por el presidente de la Asociación, Ricardo Recondo, y Ramón Álvarez Bangueses, secretario general; consigna que “la gravedad institucional de los actos llevados adelante por el Sr. Jefe de Gabinete no puede ser soslayada ni minimizada”, pues “resultan configurativos de múltiples tipos penalmente punibles, violentan flagrantemente la división de poderes y plantean un escenario de conflicto de poderes inadmisible en un Estado Republicano de Derecho”.
“Esta Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresa su más enérgico repudio de las acciones del Comisario Villamayor, del Jefe de Gabinete Aníbal Fernández y de todo otro funcionario público que pudiere haber estado involucrado, requiriendo la inmediata adopción de las sanciones de naturaleza administrativa y/o penales que les pudieran corresponder en orden a los tipos penales que en definitiva les resultaren imputables” sostienen desde el organismo.
El repudio, se enmarca principalmente en lo ocurrido la semana pasada cuando Alejandro Sudera, titular del juzgado laboral de primera instancia Nº 56, se presentó en la sede del Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) para ejecutar una orden judicial y poner en funciones al frente del gremio a la Lista Celeste. No pudo ingresar a dicha sede pues el comisario Villamayor, le impidió el acceso diciéndole debía llamar al jefe de Gabinete.
Asimismo, los dichos públicos por parte de Fernández no hicieron más que sumar al reclamo de la asociación que nuclear a los magistrados. En declaraciones a la prensa dijo que “al Jefe de la Policía, y seguramente el jefe de la Policía trasladó al comisario que estaba en el área, que nosotros no vamos a cumplir esa orden” y afirmó “que el Gobierno había ordenado que no se acatara esa orden”.
“Fernández se arrogó la facultad de control de constitucionalidad –en el caso respecto de la medida cautelar decretada y su ejecución- que la Carta Magna pone exclusivamente en cabeza de la Corte Suprema y los tribunales inferiores de la Nación (art. 116) y veda en forma absoluta al Poder Ejecutivo (art. 109)” sostienen desde la AMFJN.
En referencia con el mismo tema, un abogado presentó ante la Cámara Federal porteña, una denuncia en contra del jefe de gabinete, por la presunta “injerencia del Poder Ejecutivo en el judicial”. Enrique Piragini, es quien le imputa “desobediencia y violación de los deberes de funcionario público” por presuntamente “desconocer la orden judicial de intervenir la sede de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) emitida por el juez José Sudera, en virtud de lo decidido por la Sala Cuarta de la Cámara Nacional del Trabajo”.
“Se solicita investigar a los que pudieren resultar responsables como autores, cómplices, partícipes, encubridores e instigadores de tales inconductas y pido asumir el rol de querellante, en aras del interés difuso ínsito en la Constitución Nacional”, concluyó el abogado en su denuncia basada en recortes periodísticos.