La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que la inhabilitación de López Mendoza para el ejercicio de la función pública no se adecúa a los estándares establecidos por la Convención Americana de Derechos Humanos.
En un comunicado, la CIDH sostuvo que el caso de López Mendoza “también se relaciona con la falta de garantías judiciales y protección judicial pertinentes y de una reparación adecuada”.
El parte de prensa señaló que “el caso se envió a la Corte Interamericana porque la Comisión determinó que el Estado no adoptó medidas suficientes para dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el informe de fondo aprobado por la CIDH de acuerdo al artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Y agregó: “En dicho informe la Comisión concluyó que el Estado de Venezuela era responsable por la violación de derechos consagrados en la Convención”.
Fuerte opositor al presidente venezolano Hugo Chávez, López Mendoza se vio implicado en el asedio al ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín durante el golpe de Estado de abril 2002.
Tiempo atrás, en un programa de televisión, López Mendoza aseguró que “durante los días de abril (de 2002) muchos cometimos errores” y llamó a hacer una “autocrítica”.
A principios de este mes, el ex gobernador de Miranda Enrique Mendoza anunció que también acusaría al Estado venezolano de violarle sus derechos fundamentales al inhabilitarlo por tres años para ejercer cargos de elección pública.