“Quisiera contribuir en toda la medida de lo posible a universalizar la Corte Penal Internacional. La Corte tiene vocación global pero con 110 estados partes no tiene aún participación universal”, planteó Fernández de Gurmendi como uno de sus objetivos.
El mandato es por nueve años, que no son renovables, y en el Tribunal se encontrará con otro argentino: Luis Moreno Ocampo es el fiscal del organismo.
Fernández de Gurmendi, de 55 años y recibida de abogada en la Universidad Nacional de Córdoba, fue elegida el 18 de noviembre –tras la postulación que hizo el Gobierno y el Senado nacional– por la Asamblea de Estados Partes en el Estatuto de Roma como jueza del Tribunal, integrado por 18 miembros de todo el mundo que se encarga del juzgamiento de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio.
La jurista conoce el Tribunal ya que allí se desempeñó entre 1995 y 2006 en distintos roles, como la integración de la comisión que fijó los lineamientos del organismo.
“La cooperación internacional es condición esencial e imperativa de una justicia penal internacional eficaz”, planteó la jueza y agregó que “gracias a la cooperación recibida hasta ahora la Corte ha podido realizar investigaciones y arrestar algunos sospechosos pero es necesario mucho más de parte de estados, organizaciones internacionales y organismos no gubernamentales”.
Además de su trabajo puntual como jueza, ¿qué objetivo le gustaría cumplir durante su mandato?
Quisiera contribuir en toda la medida de lo posible a universalizar la Corte Penal Internacional. La Corte tiene vocación global pero con 110 estados partes no tiene aún participación universal. Lograrlo será muy importante para aumentar su eficacia y credibilidad. Dado mi muy extenso involucramiento en el proceso de creación y puesta en marcha de la institución creo tener ciertas ventajas comparativas para aportar en tareas de explicación y difusión internacional de los objetivos y funcionamiento de la justicia penal internacional.
¿Por lo que sabe cuáles serán los primeros temas en los que deberá trabajar?
No lo se aún. La distribución de situaciones y casos será decidida por todos los jueces en una sesión plenaria que tendrá lugar el 20 de enero después de la ceremonia de jura.
De su trabajo en Cancillería, ¿cuál es la opinión en el mundo sobre el trabajo de la Justicia argentina en materia de derechos humanos?
La Argentina es universalmente reconocida como uno de los países del mundo que más se ha esforzado por juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Se reconoce y se analiza como caso de estudio el gran énfasis que puso nuestro país en la justicia penal como parte de la recuperación democrática. Nuestros avances y retrocesos desde el histórico juicio a las juntas hasta la reapertura actual de procedimientos no desmerecen el esfuerzo sino que por el contrario demuestran las grandes dificultades y dilemas que deben afrontar las sociedades para lidiar con un legado de graves violaciones de derechos humanos.
En los últimos años se vio a nivel mundial una mayor concientización sobre la necesidad de esclareces crímenes de estado y genocidio. ¿A qué a tribuye ese cambio?
El juzgamiento de los responsables de genocidio y otros graves crímenes internacionales es en realidad una aspiración de antigua data que logró concretarse parcialmente a través de los tribunales de Nuremberg y Tokio creados al terminar la segunda guerra mundial. Cincuenta años después, al comienzo de los 90,el fin de la guerra fría liberó fuerzas y permitió acuerdos hasta entonces impensables. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia y el Tribunal para Rwanda, los que sirvieron de precedente y dieron impulso a las negociaciones que se realizaban en paralelo para crear una Corte Penal Internacional con carácter general y permanente. Su creación en 1998 marcó el auge de doctrinas idealistas y cosmopolitas que ponían al individuo en el centro de las preocupaciones internacionales. Estos logros en materia de justicia penal internacional sirvieron además para consolidar un deber de juzgar por parte de los propios estados. Actualmente Justicia penal internacional y justicia nacional se refuerzan y retroalimentan mutuamente.
¿Cree que se necesitaría una mayor colaboración entre los países? ¿Cómo se podría logar?
La cooperación internacional es condición esencial e imperativa de una justicia penal internacional eficaz. Sin cooperación la corte no podría cumplir con su mandato y terminaría perdiendo credibilidad. Gracias a la cooperación recibida hasta ahora la Corte ha podido realizar investigaciones y arrestar algunos sospechosos pero es necesario mucho más de parte de estados, organizaciones internacionales y organismos no gubernamentales. Obtener mayor cooperación es una tarea de largo aliento en el que la institución deberá paulatinamente consolidarse como institución eficaz, imparcial e independiente. Reiterando lo que manifesté en un comienzo, será vital además que se amplíe también el número de participaciones para permitir un alcance cada vez más universal.