Dos días antes de dejar su rol como jueza de feria en manos de Ernesto Marinelli, la magistrada María José Sarmiento fue denunciada por el Gobierno en calidad de “partícipe necesaria” de una “estafa procesal” presuntamente cometida por el jefe de la bancada del Pro en Diputados, Federico Pinedo.
La denuncia la formuló este jueves el procurador del Tesoro Osvaldo Guglielmino, que el lunes ya había denunciado al removido presidente del Banco Central, Martín Redrado.
Según trascendió, la denuncia recayó en el juzgado federal Nº 10, a cargo de Julián Ercolini.
En declaraciones a una radio, el jefe de Gabinete Aníbal Fernández aseguró que Pinedo se valió de un “ardid” judicial para conseguir que el amparo que presentó fuera encausado por la vía ordinaria y así “poder recusar a uno de los camaristas”.
Este miércoles, Pinedo recusó “sin expresión de causa” a José Luis López Castiñeira, integrante de la Sala de Feria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Un día antes se había excusado por “violencia moral” el camarista de feria Carlos Grecco, razón por la cual la Sala de Feria quedó, por el momento, a cargo de Néstor Buján.
Aníbal Fernández manifestó que la jueza Sarmiento “es participe necesaria para que se pudiera producir este tipo de ardid”.
Por otra parte, la Sala de Feria de la Cámara devolvió este mediodía a la jueza Sarmiento los expedientes para que “sustancie” las apelaciones presentadas por el Gobierno.
Este miércoles, Sarmiento había enviado el expediente a la Cámara “sin sustanciar” los recursos de apelación interpuestos por el Gobierno contra sus fallos y había argumentado que omitió hacer ese trámite por “la urgencia ante la gravedad institucional”.
Ahora, Sarmiento deberá dar trámite (por orden de la Cámara) a las objeciones planteadas por el Gobierno contra las medidas cautelares por las cuales frenó los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo vinculados al uso de reservas y a la destitución del presidente del Banco Central.
La Cámara también remitió nuevamente a Sarmiento la apelación efectuada por la Casa Rosada en el expediente iniciado por los senador radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz y los diputados del mismo partido Oscar Aguad y Ricardo Gil Lavedra.
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