Es la definición que la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) dio con respecto a la deuda externa argentina. Además expresó que los principios del régimen institucional “se afectan gravemente” y sugirió iniciar una acción declarativa ante la Corte Internacional de Justicia.
La Federación que agrupa a los Colegios de Abogados del país expresó la necesidad de “discutir” la ilegitimidad de la deuda externa. En este sentido recomendó iniciar una acción declarativa ante la Corte Internacional de Justicia con valor para todos los países deudores”. Además expresó la necesidad de “robustecer” y “proseguir” con las acciones que admite la legislación de nuestro país.
En cuanto a las acciones internacionales, desde la federación explican que, como estado miembro de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el país puede solicitar que se requiera una “opinión consultiva” a la Corte Internacional de Justicia para fijar el perfil jurídico de la deuda internacional.
Con ello, el Tribunal Mundial debería efectuar el encuadramiento jurídico de la deuda y de sus consecuencias, lo que, de lograrse, “generaría una gran repercusión política por el prestigio moral y científico del Tribunal además de ser vinculante conforme la Cara de la ONU”.
“Al definir el encuadre de la deuda, importará la descalificación de la que genéricamente denominamos ‘deuda ilegítima’ principalmente por el carácter usurario del aumento de las tasas de interés que la generó” consignan.
La importancia radica en el “carácter usurario del alza unilateral e ilimitada de las tasas de interés decidido por la Reserva Federal de los EE.UU en 1980”. Lo que determinó que “desde entonces, los países deudores hayan pagado en concepto de intereses sumas que superan varias veces las de las deudas originales”.
Otro punto que se resalta en el comunicado es el incremento de la deuda argentina. Al comienzo de la última dictadura militar la deuda externa ascendía a 7500 millones de dólares (en 1975 la mitad de la deuda era pública y la otra mitad privada). Ya en 1983, al caer la dictadura militar, la deuda había ascendido a 43.000 millones (mientras se habían remesado al exterior 21.500 millones). Luego, en la década menemista, “la deuda se incrementó de 63.000 a 147.000 millones, pese al pago de 117.000 millones de dólares”.
En julio de 2003, los montos eran de 76.700 millones de dólares, que representaba el 44% en “default” y 95.483 millones de dólares que se están pagando, en total, 172.183 millones de dólares. Estos datos le permiten a la FACA plantearse la siguiente pregunta: ¿Es verdad que los argentinos debemos 180.000 millones de dólares?
“La realidad es que no se debe el 100% si se separa la deuda legítima de la ilegítima; si se separa lo que es responsabilidad de la República Argentina del porcentaje que corresponde atribuir a los organismos internacionales de crédito, a los agentes financieros, a la banca internacional y a la participación que en las negociaciones cupo a los responsables argentinos por abuso de atribuciones o, lo que es peor, lisa y llanamente, por corrupción” expresan.
Entre otras cosas, la FACA da preeminencia a la ilegitimidad de la deuda teniendo en cuenta que el Congreso de la Nación. “al que por imperativo del artículo 75, inciso 7° de la Constitución Nacional corresponde ‘arreglar el pago de la deuda exterior e interior de la Nación’, para nada intervino en las múltiples gestiones que fueron incrementando la deuda, salvo el rechazo de las cuentas de inversión de la deuda externa correspondientes al tiempo de la dictadura”. Razón por la cual, en orden contractual “la falta de representación produce la nulidad del pacto”. A lo que se le suma que se “pervierte la causa fin del contrato cuando el FMI no responde a lo que prescribe el artículo 1° de su Carta Orgánica, ya que los fondos acordados deben tener como finalidad el fomento de la actividad económica, el mantenimiento de los niveles de ingreso y el desarrollo de la capacidad productiva”. Agregando las renegociaciones de los compromisos pendientes en forma perjudicial para nuestro país de lo que son muestra el Plan Brady y el “megacanje” de 2001.