La medida fue dispuesta por Facundo Cubas, a cargo del juzgado de instrucción Nº 49, quien decidió procesar al legislador porteño Patricio Di Stéfano por incumplir con los deberes de funcionario público. La causa se inició en el 2008 cuando Di Stéfano, integraba la comisión del Ministerio de Ambiente y Espacio Público que debía calificar a las empresas que se presentaron a la licitación por el mobiliario urbano. Según la denuncia, presentada por la empresa Spinazzola, que inició acciones judiciales por sentirse perjudicado en la licitación, el legislador macrista firmó un dictamen como integrante de la comisión al mismo tiempo que ya era integrante del bloque PRO de la Legislatura, razón por la cual habría incurrido en una irregularidad dentro del proceso de licitación. Ello por que el legislador juró en mayo del 2008 y el dictamen lo firmó en junio de ese mismo año. El contrato en cuestión es para el servicio de colocación, mantenimiento y explotación comercial de los refugios de las paradas de colectivos, las pantallas verdes, los "chupetes" y los carteles transiluminados. Constituye uno de los más importantes contratos del Gobierno de la Ciudad, junto al de recolección de residuos. Además de procesarlo, el magistrado fijó un embargo por 100 mil pesos contra Di Stéfano.
Inauguraron nuevas salas de remates del Poder Judicial de Córdoba
El Poder Judicial de Córdoba inauguró esta semana tres nuevas salas de remates ubicadas en el edificio administrativo de los tribunales provinciales, ubicado en Arturo M. Bas 158, frente al Paseo Sobremonte. La primera subasta tuvo lugar a las 9 horas en el salón de usos múltiples del inmueble, donde está previsto realizar los remates que despierten mayor interés. Durante el acto inaugural, el Administrador General del Poder Judicial, José María Las Heras, dio la bienvenida a las personas que participaron de la subasta y señaló que la recuperación de la casona de la segunda década del de siglo XX se realizó gracias a los fondos obtenidos mediante la tasa de justicia. El edificio, donde funciona actualmente parte de la administración de los tribunales provinciales, cuenta con oficinas especiales para el Colegio de Martilleros de Córdoba y para la Dirección General de Rentas de la Provincia. Está previsto trasladar a dicho inmueble el resto de las dependencias administrativas que funcionan en el Palacio de Justicia I (Caseros 551), con la finalidad de liberar espacio para el funcionamiento de los tribunales.
Corrientes: Gobierno y Poder Judicial coincidieron en que debe acelerarse la selección de jueces
El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes, Carlos Rubín, y e fiscal de Estado de la provincia, Juan David Castello, coincidieron en que el Consejo de la Magistratura trabaje con más celeridad en los concursos públicos para la selección de jueces que hay en trámite. Rubín y Castello mantuvieron una reunión institucional a fines de enero en la que abordaron el trabajo en el Consejo. Castello integra el cuerpo en representación del Gobierno de Corrientes. El funcionario y el presidente del Máximo Tribunal también reclamaron en acelerar los “pedidos de juicio político radicados ante ese órgano extrapoder”, informó el STJ a través de un comunicado.
Confirmaron juicio a la esposa y los hijos del ex ministro Granillo Ocampo
La Sala II de la Cámara Federal confirmó este miércoles que la esposa y tres hijos del ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo deberán afrontar un juicio oral por su presunta participación en una maniobra destinada a disimular el enriquecimiento ilícito del ex funcionario menemista. Con las firmas de los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun, la Cámara rechazó un recurso presentado por las defensas de los imputados, que apuntaba al cierre de la causa por “prescripción”. Los magistrados recordó que “los hechos objeto de imputación abarcaron el período comprendido entre el 1º de octubre de 1994 y el 1º de diciembre de 1999, fecha en que se produjo el cese de la función pública de Raúl Enrique Granillo Ocampo”. Cattani e Irurzun ratificaron que la causa, que fue elevada a juicio oral el 9 de junio de 2009, y en la que también está imputado Granillo Ocampo por el delito de “enriquecimiento ilícito”, deberá continuar adelante hasta que un tribunal dicte sentencia.