El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de Alicante reconoció el derecho de la demandante a recibir una indemnización.
Desde la intervención, la mujer sufre una tetraparesia por mielitis (parálisis en las extremidades por inflamación de la médula espinal). Según una evaluación de la Consejería de Bienestar Social, en la actualidad tiene un grado de minusvalía del 75 por ciento.
El juez hizo lugar parcialmente la demanda, ya que la mujer afectada y su marido reclamaron una indemnización de 2.572.160 euros. Según la sentencia, a la mujer le corresponden 814.932 euros y al marido 130.525 euros, como familiar perjudicado moralmente.
El grueso de la indemnización acordada por el juez se refiere a las lesiones permanentes (316.229 euros) y a la incapacidad absoluta en grado de gran invalidez (344.633 euros). El juzgado también fijó indemnizaciones por lesiones temporales (32.655 euros), el perjuicio económico de acuerdo a los ingresos netos anuales de la víctima (34.888 euros), daños morales complementarios (76 mil euros), perjuicios morales de familiares (120 mil euros) y gastos de fisioterapia, médicos, gasolina y estancias hasta la fecha de la demanda (21.051 euros).
Por el contrario, el juzgado desestimó las peticiones de indemnización por necesidad de ayuda de otra persona, por adecuación de vivienda y vehículo, por la pérdida de posibilidad de tener hijos, asistencia de tercera persona para el futuro y gastos de rehabilitación. En general, la respuesta negativa fue por “falta de acreditación”.
Según informó la Asociación del Defensor del Paciente, entidad que coordinó la acción judicial de la afectada, se trata de una de las sentencias de mayor cuantía económica conocidas en España en un caso de negligencia médica por un tratamiento de inseminación.
Según la sentencia, la errónea administración de la hormona HCG (estimuladora de la ovulación) provocó las lesiones a la paciente.
Si bien el fallo es recurrible, la presidenta de El Defensor del Paciente, Carmen Flores, calificó la sentencia como “muy importante” y "una de las más altas que se reconoce en España para un caso de negligencia médica en una intervención de inseminación artificial".
Flores destacó también que el juez rechazó limitar la indemnización por existir una patología previa.