El plenario del Consejo, por recomendación de la comisión de Acusación y Disciplina decidió desestimar una denuncia formulada por Ricardo Monner Sans contra el juez en lo penal económico Jorge Brugo. El motivo de la denuncia es una artículo aparecido en el diario Perfil, criticando la actuación del juez Brugo y que el denunciante se limitó a aportarla como única prueba, señalando la posible comisión de delitos por parte del magistrado. Los consejeros dijeron que "El denunciante no especifica cuáles serían las decisiones del magistrado, durante la tramitación de la referida causa, que configurarían las conductas imputadas en estos actuados. Sólo se limita a reproducir una nota periodística creada a partir de declaraciones de quien tiene un evidente interés en el resultado de la causa, y expresa su disconformidad por lo decidido por el magistrado...Que en consecuencia, cabe concluir que las conductas imputadas en la denuncia resultan meras apreciaciones subjetivas producto de la trascendencia mediática de los hechos investigados en una causa penal, pero carentes de todos sustento que amerite continuar con la presente investigación". La resolución que firma el presidente del Consejo, Luis María Cabral, hace hincapié en que la Comisión de Acusación y Disciplina se vio forzada a raíz de la existencia de la denuncia, a realizar la compulsa de una causa de gigantesco volumen, donde "se analiza la utilización indebida de las franquicias previstas para diplomáticos con el objeto de introducir en el país vehículos de alta gama, nacionalizarlos evadiendo los impuestos correspondientes, para luego comercializarlos en el mercado interno". Consultados miembros de la Comisión, manifestaron cierto fastidio por el repetitivo hecho de tener que abocarse al estudio de denuncias que luego resultan sin fundamento y persiguiendo un afán de figuración mediática, ya que en lo que va del año debieron estudiar decenas de casos de este tipo, cuyo liderazgo ostenta Rodolfo Rucker. "Se trata sin dudas de una causa de gran impacto mediático y notoria conplejidad que involucra a funcionarios públicos nacionales y extranejros, empresarios, gestores y particulares, adquirentes de dichos vehículos", afirmaron los consejeros. Para llegar a este pronunciamiento reconocen haber procedido al "análisis de los treinta y siete cuerpos y casi 7.400 fojas de la causa".
“Nosotros creemos que los derechos humanos son universales”, aseguró CFK
En el primer día hábil de su gira por España, la Presidenta se reunió este lunes con el suspendido juez español Baltasar Garzón. La primera mandataria dijo que el encuentro no significó “inmiscuirse en asuntos internos españoles”. “Nosotros creemos que los derechos humanos son universales”, afirmó y añadió: “Estamos no sólo preocupados, sino sorprendidos y dolidos” por la decisión adoptada contra el magistrado, que el miércoles fue enviado a juicio oral y el viernes fue suspendido por el Consejo General del Poder Judicial. “Todos los españoles deberían sentirse muy orgullosos” de Garzón, expresó la primera mandataria que también participó en la reapertura de las oficinas de Aerolíneas Argentinas.
Gras fue designado como secretario ejecutivo del Plan Nacional de DDHH
Mediante la publicación en el Boletín Oficial del decreto 696/2010, el Gobierno nacional designó a Martín Tomas Gras como secretario ejecutivo del “Plan Nacional de Derechos Humanos”. Dicho plan funcionará bajo la órbita de la secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación y se estructura sobre tres ejes de acción: “igualdad y no discriminación, garantías de acceso a los derechos, e inclusión social, en el entendimiento de que los derechos humanos son universales e interdependientes, y en su conjunto forman parte de un sistema armónico que garantiza y protege la vida digna, libre y autónoma de la persona humana”. Gras fue secuestrado en enero de 1977 durante la última dictadura militar, y fue mantenido en cautiverio en la Escuela de Mecánica de la Armada. A mediados de 1978 fue llevado a la ciudad de La Paz (Bolivia) donde permaneció bajo control del agregado naval argentino hasta agosto de 1979, cuando se le permitió viajar rumbo a España. El decreto 696 lleva la firma de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, el ministro de Justicia, Julio Alak y el ministro de Economía, Amado Boudou.
Pensado para profesionales del derecho, asesores legales y/o prestadores de salud en general
Microjuris lanzará este martes un nuevo portal sobre Salud, Derecho y Bioética. Se trata de un producto centrado en la óptica legal de la investigación académica en cuestiones de “derecho de salud”. Desde su ángulo tradicional, abordará las cuestiones relacionadas con la jurisprudencia judicial, doctrina y legislación específica a nivel nacional y provincial, dentro de esta disciplina. Asimismo, el producto abordará temáticas relativas a la administración de salud de los sistemas y organizaciones especializadas. Desde el punto de vista preventivo empresarial/profesional, proveerá contenidos acerca de las relaciones y responsabilidades legales de los médicos y prestadores, y la prevención de riesgos jurídicos y económicos. Centrado en el campo de la medicina propiamente tal, proveerá contenidos relativos a la investigación, protocolos, bioética, medicamentos y los estándares internacionales.
Abogados tandilenses denuncian retraso judicial en el fuero Civil y Comercial
A través de un comunicado, la Asociación de Abogados de Tandil hizo pública su queja frente al retraso que se registra en el fuero Civil y Comercial. Los letrados denuncian la existencia de un importante atraso en el despacho y la resolución de los asuntos legales que tramitan ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1. Los abogados destacaron la falta de un juez titular y reclamaron que avance el proceso de selección del nuevo magistrado, trámite que requiere que el Consejo de la Magistratura de la Provincia deje conformada la terna de candidatos.
Publicaron este lunes la ley modificatoria del Código Procesal Penal de Buenos Aires
La norma, que fue publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, modifica varios artículos del Código de Procedimiento Penal provincial (ley 11.922). La ley 14.128 ordena además nuevos límites para el otorgamiento del beneficio de excarcelación para procesados por delitos con uso de armas o con participación de menores. La nueva legislación permitirá equiparar la legislación provincial con la nacional en el cómputo de la pena para acceder a la excarcelación. Respecto de las causas múltiples, se sumarán las condenas para obtener el beneficio de la excarcelación. La norma establece en sus fundamentos que el objetivo es “dotar a la Justicia de nuevas herramientas para que pueda actuar con la máxima certeza y equilibrio al momento de decidir sobre temas esenciales como es, entre otros, la libertad o el encarcelamiento de una persona”.