Dicho mecanismo fue establecido tras la reforma de la Constitución tucumana en 2006, aunque recién se puso en marcha a partir de la integración del CAM como órgano encargado de seleccionar los candidatos a jueces.
El concurso público comenzó el lunes pasado cuando 27 abogados inscriptos en el proceso rindieron la prueba de oposición para la cobertura de cuatro vacantes en la Cámara en lo Civil y Comercial de San Miguel de Tucumán. En tanto, otros 13 letrados se presentaron el martes a rendir la prueba para cubrir dos vacantes en la misma Cámara pero en la ciudad de Concepción. En suma, son seis puestos a cubrir.
Los aspirantes dispusieron de seis horas para proyectar una sentencia, tal cual como lo harían si fueran magistrados. Cada uno de ellos escribió en una computadora (sin conexión a Internet), que estaba debidamente cargada con los programas para consultar las constituciones de la Nación y de Tucumán, los códigos Civil y de Comercio, así como los códigos Procesal Constitucional, y Civil y Comercial provinciales.
Entre otras pautas adoptadas con el fin de garantizar la transparencia del examen, a cada concursante se le entregaron diez hojas con código de barras para que redacten sus resoluciones.
Estos concursos significarán un progreso en la cobertura de las numerosas vacantes que afectan el funcionamiento de la Justicia a nivel local, como consecuencia del hecho de que más de 40 jueces se retiraron durante el último año y medio.
El jurado encargado de llevar adelante la evaluación de los postulantes inscriptos para cubrir estas seis vacantes está integrado de la siguiente manera: Raúl Aníbal Etcheverry (titular) y Miguel Alberto Piedecasas (suplente) por el estamento de los académicos; Carlos Miguel Ibáñez (titular) y Ana Lucía Manca (suplente) por el estamento de los magistrados; y Daniel Edgardo Moeremans (titular) y Miguel Araoz (suplente) por el estamento de los abogados.
El Consejo Asesor de la Magistratura analizará los puntajes obtenidos por los concursantes más sus antecedentes, tras lo cual elevará una terna de cinco candidatos (por cada vacante a cubrir) al Poder Ejecutivo, que deberá optar por uno de esos postulantes, previo acuerdo de la Legislatura.
Si bien el plazo máximo que concede el Reglamento Interno del CAM para la corrección de los exámenes son diez días hábiles, los miembros del jurado dispondrán hasta la primera semana de junio para remitir los puntajes en ambos concursos.