Algunos de los dictámenes apuntan a una modificación integral y otros a retoques parciales. En cuanto a la composición del Consejo, dos de los dictámenes de minoría reforman sustancialmente la composición. Son las iniciativas de Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro) y Hugo Prieto (Concertación), mientras que las presentadas por Alejandro Rossi (FpV), Diana Conti (FpV) y Jorge Yoma (FpV) dejan la composición intacta.
Todos esos dictámenes tienen algo en común, ninguno incorpora al presidente, ni a un representante de la Corte Suprema al organismo. La iniciativa de Ibarra aumenta la cantidad a 18 de consejeros (al igual que el dictamen de mayoría) pero sin la Corte. 4 jueces, 8 legisladores, 3 abogados, el representante del Poder Ejecutivo y 2 académicos (uno de ellos proveniente de las Ciencias Sociales). Mientras que la propuesta de Prieto, mantiene los 13 integrantes, pero saca un representante del estamento de los magistrados para incorporar a un académico no abogado.
El proyecto de Ibarra concuerda con el del dictamen de mayoría, impulsado por el denominado grupo A, es la incorporación del estamento de los abogados en la comisión de Selección. Eso no está contemplado ni en los dictámenes de Conti, Yoma, Prieto y Rossi.
El dictamen de Ibarra acorta a un año el plazo para decidir el enjuiciamiento de magistrados y establece un plazo de tres meses para que el Poder Ejecutivo envíe el pliego al Senado de la Nación en el caso de los concursos. Mientras que en el de Rossi y el de Prieto la duración total del procedimiento “no podrá exceder de noventa días hábiles contados a partir de la prueba de oposición” y sólo podrá prorrogarse por treinta días más, mediante resolución fundada del plenario.
En la comisión de Selección es donde el dictamen de Rossi incorpora además la evaluación de los jueces, que sería cada 7 años y en caso de que el resultado del examen demuestre “un inexcusable desconocimiento del derecho aplicable, la Comisión elevará su informe a la Comisión de Disciplina y Acusación advirtiendo tal situación”. Lo mismo sostiene Prieto en su dictamen.
Algo novedoso está en la propuesta de Yoma. Ello porque destaca la necesidad de incorporar “la exigencia de que la suspensión de un magistrado sometido al procedimiento de juicio político sea fundada y se realice con goce de haberes”. Y la posibilidad de recurrir ante la Justicia “la decisión por la que se aprueba la acusación y suspensión de un magistrado” y “las modificaciones en el orden de mérito de los concursos, por parte del Plenario”. Las reformas del legislador riojano son parciales ya que tiene en cuenta que “el 80 % de las cuestiones que son objeto de críticas y pasibles de mejoras, se encuentran reguladas en normas de una jerarquía inferior, normas reglamentarias”.
En otro orden se cosas, la diputada y consejera Diana Conti, se presenta favorable a que el Consejo quede tal como está: en lugar de realizar un proyecto con un articulado específico lo que realiza es un informe acerca del funcionamiento de la actual composición. Señala, por ejemplo, que en 2003, cuando el representante de la Corte conducía el Consejo, de 22 reuniones plenarias, el ministro Carlos Fayt sólo asistió a 2. En 2004, el representante del Máximo Tribunal fue el juez Enrique Petracchi, quien asistió a 7 de las 29 reuniones y al año siguiente con una asistencia a 2 de las 22 reuniones.
El futuro del organismo es puramente legislativo, aunque sus consecuencias sean siempre políticas y judiciales.