Varios proyectos apuntados a morigerar la suba en las facturas de gas y electricidad serán discutidos esta semana en la Cámara de Senadores de la Nación. El objetivo principal es la creación de un "Régimen de Tarifa Social" para dichos servicios, con el fin de atender la situación de grupos sociales carenciados y vulnerables.
El Senado tratará esta semana diversos proyectos sobre la creación de una "Tarifa Social en Servicios Públicos Domiciliarios". La medida tiene por objeto atender a aquellos grupos sociales carenciados que, debido a su situación económica y social, presentan problemas para el pago de las facturas correspondientes a los servicios públicos residenciales de electricidad y gas natural.
Los senadores Daniel Filmus (FPV), Gerardo Morales (UCR), Sonia Escudero (PJ Federal) y Luis Petcoff Naidenoff (UCR) son los autores de las cuatro iniciativas que se tratarán en la Comisión de Derechos y Garantías.
"Los servicios públicos integran la categoría de bienes esenciales, por tratarse de aquellos bienes destinados a satisfacer necesidades básicas de las familias en una sociedad moderna. Es por ello, que en estas actividades el Estado tiene reservado un papel clave, ya sea asumiendo por sí mismo su prestación o, en el caso de los servicios privatizados, regulando precios y tarifas, fijando metas de inversión, propiciando la extensión de redes y garantizando su prestación para el conjunto de la población, más allá de las posibilidades económicas y la capacidad de pago de algunos sectores postergados socialmente", fundamenta Filmus en su proyecto de ley registrado bajo el expediente S-1147/10.
La falta de provisión de este tipo de bienes, comenta el senador oficialista, "no solo ocasiona un perjuicio individual a quien no lo recibe" sino que "desde el punto de vista social tiene también costos elevados por la comunidad toda".
En el artículo 5º de la norma propuesta se revela que "el Estado Nacional compensará a las empresas prestatarias las reducciones establecidas (…) a través de un aporte que deberá figurar en el Presupuesto General Anual de la Administración Nacional".
Según se detalla en el articulado, la aplicación de la Tarifa Solidaria "no se considera violatoria del principio de no discriminación tarifara" y no exime "a las empresas prestadoras de la responsabilidad de cumplir el resto de las condiciones exigibles en el suministro del servicio de que se trate".
Asimismo se otorga al Ministerio de Desarrollo Social la figura de Autoridad de Aplicación, "sin perjuicio de las competencias correspondientes de los demás organismos del Estado". Dicha cartera, a cargo de Alicia Kirchner, deberá: implementar y controlar el Régimen de Tarifa Solidaria; definir los parámetros de inclusión de los beneficiarios; definir parámetros de exclusión; establecer un límite superior de consumo para el que regirá el beneficio; establecer la duración del beneficio; y confeccionar un registro de los beneficiarios.
Se crearía además el Consejo Asesor del Régimen de Tarifa Solidaria, el que estará integrado por representantes de los Entes Reguladores y de Control de los Servicios Públicos; las empresas prestatarias y las asociaciones de consumidores.
Por su parte, la senadora Escudero propuso que sea el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) quien diseñe una encuesta que deberá ser respondida por los usuarios de servicios públicos que soliciten ingresar a este Régimen a los efectos de determinar si los mismos se encuentran en una situación de dificultad económica para hacer frente al pago de las correspondientes tarifas.
Entre los fundamentos de las distintas propuestas se cita y recuerda los distintos intentos por impulsar en la última década iniciativas similares.
"Una Tarifa Social debe plantearse, la resolución de dos problemas centrales: primero, la cuestión del financiamiento (subsidio cruzado o vía presupuestaria), segundo, se debe resolver la forma de diseño e implementación y el tipo de selección de los beneficiarios que propone la normativa que también fue girada para ser discutida en las Comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Asuntos Administrativos y Municipales, de Presupuesto y Hacienda, y de Minería, Energía y Combustibles.