En uno de los paneles de la IV Conferencia Anual de Jueces se mencionarion distintos sistemas que podrían optimizar la tarea judicial. Todo lo que se dijo: desde reproches a organismos estatales hasta los costos de implementación.
“¿Qué tamaño tiene el scanner? ¿Puedo asegurarme uno?”, preguntó algo incrédulo un juez de Santiago del Estero, luego de escuchar varios tecnicismos por parte de los expositores. La duda del asistente se produjo luego de una minuciosa presentación de los avances tecnológicos para la Justicia por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y del presidente del Consejo de la Magistratura, Luis Cabral. Los magistrados habían asegurado minutos antes que cada juez federal sería acreedor de una notebook y que además ya tenían 200 scanners listos para ser distribuidos, aunque aplicando el “criterio de gradualidad”.
Las novedades informáticas fueron de todo tipo y apuntadas a agilizar la inevitable burocracia en las distintas instancias judiciales. Al comienzo del panel de “Gestión e Informática”, los expositores conversaron mediante videoconferencia con los representantes de los poderes judiciales de Rosario, Paraná, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y La Plata. Se anticipó que su uso principal será la asistencia remota a actos judiciales tanto con el interior del país como con el exterior.
Asimismo, se anunció el progreso del Plan Informático de la Justicia Nacional y Federal, el cual incluyó la renovación de equipos y la ampliación en infraestructura. Según fuentes de la Dirección de Sistemas y de la Subdirección de Infraestructura de la Corte, se habrían actualizado unas 5 mil computadoras.
El Data Center, fue uno de los puntos presentados como los de mayor trascendencia. Tras tomar como modelo el centro de cómputos y bunker informáticos de otros departamentos del Estado, como la AFIP, la Justicia procuró imitar esos avances. La llamada despapelización también sonó de manera explícita, dado la conversión de la era papel a la era digital. Lo cierto es que la puesta en marcha de los equipos será efectiva recién en 2012.
No obstante, no todo lo presentado fueron triunfos. En cuanto a las notificaciones electrónicas, el presidente del Máximo Tribunal disparó: “El problemas es que las acepten”. Al parecer, diversos sectores de la Administración Pública no adhirieron al sistema propuesto por el Poder Judicial. El sistema se encuentra en calidad de “disponible”, pero al ser voluntario, organismos como la ANSES no asimilaron aún el nuevo procedimiento. Su titular, Diego Bossio, recibió una segunda crítica: la de resistir al uso del expediente digital. Los magistrados expusieron que como la institución suele ser parte en gran cantidad de causas, “pareciera ser que la intención es no avanzar”.
A la par, Cabral manifestó cierto descontento al recordar que la obligatoriedad de asociarse al sistema ya fue rechazada en distintas oportunidades por el Congreso. “Ya perdió estado parlamentario en dos ocasiones el proyecto de ley que apuntaba a solucionar esto”, apuntó el presidente del Consejo. Luego admitió: “Un plan informático no termina nunca. Siempre hay nuevos programas por incorporar”. La vulnerabilidad en las firmas digitales pasó a ser uno de los tópicos más problemáticos en cuanto a la necesidad de protocolos de seguridad para ser operados con confianza por el público acostumbrado al papel.
La vedette de los anuncios fue el mencionado Data Center, que tuvo un costo de 34 millones de pesos. No obstante, un nuevamente sincero Cabral manifestó que en un comienzo habían pensado que la cantidad de datos a procesar era mucho menor de lo que finalmente resultó. La llamada Sala Cofre o Bunker, en donde se resguardará toda la información de la Justicia Federal, es un centro de alta seguridad de 230 m2. La comunicación será con juzgados de primera instancia y con las Cámaras de apelación.
“Buscamos nivelar a todos los integrantes del Poder Judicial. Todos deben cumplir el mismo protocolo informático”, informó Lorenzetti. Tras lo cual, anunciaron diversos puntos importantes en la carrera de informatizar y modernizar la Justicia: la ampliación e implementación de un sistema de ingresos de causas por la web, la tramitación electrónica de oficios, la estandarización de las videoconferencias, la certificación de las firmas digitales en el que “el Poder Judicial será la autoridad que controlará su imparcialidad”, la digitalización de la mesa de entradas, y la adquisición mediante adjudicación licenciataria de un proyecto que busca digitalizar bases de datos. Los expositores procuraron en todo momento dejar bien en claro que todo lo realizado fue publicado en licitaciones públicas y que así será con las adjudicaciones futuras. El dato duro: todo tiene un costo presupuestario de 160 millones de pesos.
Muchos de los asistentes son inexpertos en las artes de la computación, por lo cual los técnicos especialistas respondieron a este medio que las capacitaciones serán tercerizadas. La empresa que resulte adjudicataria para implementar los cambios en gestión, será la encargada de generar capacitadores. Y éstos serán quienes impartan el conocimiento adquirido a los 16 mil empleados judiciales.
Al llegar el turno de la Provincia de Buenos Aires, quien se sentó frente al micrófono de la sala de conferencias del hotel Hilton, fue la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Hilda Kogan. Los números hablaron por sí solos: el personal del Poder Judicial alcanza los 20 mil empleados, en 2009 entraron 840 mil causas de las cuales se llegaron a resolver la mitad, por año se generan 600 mil cédulas enviadas a domicilios constituidos (las cédulas ocupan el 60 por ciento del tiempo del proceso). En esta línea, la titular de la Corte provincial anunció muchas de las medidas lanzadas para contrarrestar lo enumerado: la implementación de la notificación electrónica, la creación de la Secretaría de Gestión Administrativa, la despenalización de juzgados de garantías y de familia, la instauración de la ley de jueces suplentes, el proyecto de subastas o remates electrónicos, la generación de 15 mil puestos conectados a internet con una ancho de banda en crecimiento, la firma digital y, finalmente, el digesto electrónico.