El juez federal de Salta Miguel Medina y el camarista federal de Mendoza Julio Petra Fernández fueron citados por la comisión de Disciplina y Acusación para el 30 de septiembre y 7 de octubre respectivamente. De qué los acusan.
La comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura decidió este jueves citar al juez federal de Salta Miguel Medina para el 30 de septiembre próximo. El magistrado, acusado de “mal desempeño en sus funciones”, fue convocado por acciones que habrían ido desde la falta de “actividad instructoria” hasta la “afectación de la independencia de un magistrado provincial”.
En la causa 74/07, el juez de la Corte de Salta Abel Cornejo denunció a Medina por cómo investigó la denuncia que él formuló contra un periodista salteño por extorsión. El consejero-diputado Carlos Kunkel, autor del dictamen que pidió la citación de Medina, dijo que en ese expediente hubo “falta de notificación fehaciente y válida de la representación del Ministerio Público Fiscal” y que el magistrado “claudicó en el ejercicio de la jurisdicción: no hubo actividad instructoria”.
En otra causa, la 1080 (por averiguación de denuncia anónima), Kunkel pidió citar a Medina porque habría permitido “una desmedida investigación preliminar, por fuera del juzgado, extendida en el tiempo, violando lo establecido en el art. 194 del CPPN y Res. 121/06 del PGN” y habría afectado “la independencia de un magistrado provincial”.
En otras dos causas, de 2002 y 2007, en las que el ex juez Ricardo Lona –absuelto en 2004 por el jury de enjuiciamiento del Consejo- estaba acusado por infracción a la ley 24.769 y prevaricato de los auxiliares de justicia, Medina fue señalado por su presunta “falta al deber de imparcialidad”.
Para el 7 de octubre fue citado el camarista federal de Mendoza Julio Petra Fernández, quien junto al resto de los integrantes de la Sala A de ese tribunal, ordenó la libertad de todos los acusados por crímenes de lesa humanidad que se encontraban presos en la provincia cuyana, entre ellos Eduardo Smaha y Orlando Dopazo, quien era coronel de Inteligencia militar. La denuncia la formuló el abogado Rodolfo Yanzon.
Esa misma Sala A (actualmente conformada por Otilio Roque Romano, Alfredo López Cuitiño y Petra Fernández) fue la que en marzo último confirmó el fallo de la jueza Olga Pura Arrabal que había suspendido la vigencia de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Luego, la Corte Suprema frenó la vigencia de esa cautelar y rechazó el amparo del diputado Enrique Thomas.
De la reunión de este jueves participaron los 9 consejeros que integran Disciplina y Acusación: la presidenta Diana Conti, el vice, Santiago Montaña, los diputados Carlos Kunkel (FPV) y Oscar Aguad (UCR), los senadores Nicolás Fernández (FPV) y Ernesto Sanz (UCR), los jueces Luis Cabral y Luis Bunge Campos y el académico Mariano Candioti.
Fue postergado el tratamiento de una denuncia iniciada contra el juez federal de Mar del Plata Alejandro Castellanos por María Eva Centeno, hija del abogado laboralista Norberto Centeno, secuestrado en julio de 1977 por un grupo de tereas y cuyo cadáver apareció 4 días más tarde en un hecho que se conoció como “La noche de las corbatas”. También se difirió el tratamiento de una denuncia contra el juez federal de La Plata Adolfo Gabino Ziulu. En esa causa, el consejero-senador Fernández había propuesto la citación por el artículo 20.