La oposición en el Senado logró emitir dictamen. El oficialismo criticó el proyecto. No se está tratando en la sesión de este miércoles.
La oposición en el Senado logró este martes emitir dictamen de mayoría para llevar al recinto la discusión por el régimen de Promoción Industrial. El dictamen se consiguió luego del plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversión; Presupuesto y Hacienda; Coparticipación Federal de Impuestos; Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa; y Justicia y Asuntos Penales.
La presidenta de la comisión de Economía Nacional e Inversión, Laura Montero, autora de uno de los proyectos que sirvió como base para el dictamen, afirmó que la propuesta “genera un beneficio que tiene que ver con impuestos para volcarlos a inversión”.
En tanto, el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá, sostuvo que “el acuerdo al que se ha llegado es muy valioso” y añadió: “No dejamos a nadie afuera”. El mendocino Ernesto Sanz pidió que se deje en claro que los regímenes actuales podrán continuar vigentes para las provincias que ya cuentan con este beneficio, tal como Tierra del Fuego.
La ley 19.640, de mayo de 1972, exime “del pago de todo impuesto nacional que pudiere corresponder por hechos, actividades u operaciones que se realizaren en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlántico Sur, o por bienes existentes en dicho territorio a: las personas de existencia visible; las sucesiones indivisas; y las personas de existencia ideal”.
En el mes de mayo, la Presidente firmó el decreto 699/10 en el que prorrogó por 15 años de la promoción industrial para las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis. Mendoza pidió ser incluida en el régimen e incluso estuvo a punto de llevar el tema ante la Corte Suprema, algo que finalmente no ocurrió y por lo que la UCR pidió el juicio político para el fiscal de Estado Joaquín De Rosas.
En uno de los tantos proyectos presentados ante la comisión de Economía de la Cámara alta sobre Promoción Industrial, los 3 representantes de Corrientes en el Senado (los peronistas Josefina Meabe y José María Roldán y el radical Eugenio “Nito” Artaza) solicitaron que se extendiera el beneficio a la provincia que representan y a Chaco, Formosa, Misiones, Salta, Jujuy y Santiago del Estero.
En ese texto, Meabe, Roldán y Artaza manifestaron que la ley 22.021 que benefició a la provincia de La Rioja (y que luego fue ampliada a otras provincias) era una “ley de la dictadura) –data de 1979- y que primó una “concepción geopolítica militar de no inversión en las fronteras por la hipótesis de conflictos con los países vecinos”.
En tanto, el oficialismo en el Senado habría manifestado que la iniciativa de Montero “no hace posible el desarrollo económico equitativo, compromete financieramente al Estado Nacional y produce un fuerte impacto sobre las provincias que hoy tienen mecanismos de promoción de sus economías para atender situaciones de menor desarrollo relativo”.
En tribunales, el decreto 699/10 fue cuestionado ante la Corte Suprema por el gobernador de La Pampa, Oscar Jorge, quien elevó acción declarativa de inconstitucionalidad.