El CELS, junto con la Defensoría General de la Nación, presentó un escrito ante la CIDH por la represión ocurrida contra la comunidad indígena Toba Qom de “La Primavera” en Formosa. En él solicitan a que se inste al Estado Nacional a “proteger a los indígenas” y la suspensión de “todo acto de desalojo”.
En forma conjunta, el Centro de Estudios Sociales y Legales (Cels) y la Defensoría General de la Nación, presentaron un escrito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde le solicitan que inste al Estado Argentino a “proteger a los indígenas y sus dirigentes, suspender todo acto de desalojo y promover la investigación y sanción de los responsables de los ataques”.
“Lo sucedido desde agosto del corriente año y más específicamente entre el 23 y 24 de noviembre de 2010, demuestra la amenaza actual e inminente al derecho a la vida, integridad personal, posesión y propiedad comunitaria de las tierras tradicionales y a la protección judicial de estas personas”, explica el escrito enviado al organismo internacional.
Asimismo, se describen los hechos ocurridos durante la represión policial y que culminaron con la muerte de de un integrante de la comunidad, Roberto López y del policía provincial, Heber Falcón y más de 20 heridos, algunos de ellos de gravedad. Ya el 12 de agosto pasado, el Cels remitió a distintas dependencias del gobierno nacional información sobre la situación de la comunidad La Primavera y había solicitado la intervención del Estado federal.
Por su parte, la Defensoría Oficial impulsó una medida de no innovar, concedida en septiembre de este año, en la cual se ordenó “a las fuerzas policiales que se abstengan de realizar cualquier acto de intimidación sobre los miembros de la comunidad indígena”. En igual sentido, la Defensoría también presentó una acción colectiva de reconocimiento de posesión y propiedad comunitaria del territorio que ocupa la comunidad La Primavera.
“El CELS ya había denunciado al Estado argentino ante la CIDH por un hecho de represión policial contra otra comunidad toba de Formosa, que tuvo lugar el 16 y 17 de agosto de 2002. En aquella ocasión, más de 100 policías ingresaron violentamente a la colonia de Nam Qom, destrozaron las viviendas y realizaron detenciones masivas e indiscriminadas que incluyeron a mujeres y niños, quienes luego fueron torturados”, sostiene el comunicado difundido.
El pronunciamiento de la Federación Judicial Argentina
Al igual que varias organizaciones, la Federación Judicial Argentina se pronunció con respecto a la represión llevada a cabo en Formosa. “Exigimos al gobierno provincial el inmediato cese de la represión y persecución, cómo así también al Poder Legislativo y Ejecutivo nacional el reconocimiento de los derechos ancestrales de los pueblos indígenas sobre la tierra, derechos consagrados por convenios internacionales, leyes nacionales y la Constitución Nacional los que son sistemáticamente violados”, sostiene un comunicado que lleva la firma de Víctor Mendibil, Secretario General de la FJA.
“Es fundamental avanzar en la construcción de una nación pluricultural, plurinacional y multilingüe” agrega y solicita al Poder Ejecutivo Nacional que “garantice el pleno derecho de los pueblos originarios” y la apertura de un “enjuiciamiento político a los integrantes del Poder Judicial Provincial que convalidaron esta metodología asesina”.