De todos modos y pese a que existen coincidencias respecto a esos pronunciamientos por parte de la mayoría, se desconoce si esta vez se logrará el consenso necesario, ya que en torno a los mismos no es la primera vez que se anuncia su firma, como una espada de Damocles sobre la cabeza del gobierno del presidente Eduardo Duhalde.
Por otra parte, tres de los nueve miembros del Máximo Tribunal se comprometieron hoy ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo a solucionar la situación planteada a partir de la presentación de cerca de cien mil recursos de amparo para que se restituyan los depósitos, remedio que apuntaría a extender a otros fueros la resolución de los mismos.
De ese modo, el tribunal ampliaría lo resuelto la semana pasada, cuando a punto de expirar los plazos y ante el aluvión de amparos presentados ante la mesa de entradas en el fuero Contencioso Administrativo, resolvió habilitar su recepción a las cámaras de los demás fueros, generando el descontento de los magistrados de los mismos.
La posibilidad de implementar esa solución, por la que jueces de otros fueros resuelvan las presentaciones contra el “corralito”, fue barajada hoy durante una reunión que mantuvieron con el vicepresidente de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Pablo Gallegos Frediani y doce jueces, los ministros de la Corte Suprema Julio Nazareno (presidente) , Eduardo Moliné O’ Connor (vice) y Guillermo López.
Durante ese encuentro, Frediani (la reunión estaba prevista con el presidente del tribunal Pablo Galli) planteó la situación del fuero, prácticamente al borde del colapso, y reclamó más personal para la emergencia, que se concedan horas extras para los empleados, así como también aumentar el presupuesto para la adquisición de suministros, reclamos que fueron vistos como imposibles por los ministros, según confiaron fuentes judiciales consultadas hoy.
Nazareno fue quien tuvo la voz cantante al sostener que “esto se soluciona con mas jueces”, vale decir que los jueces de otros fueros resuelvan las acciones de amparo presentadas, cuando en la actualidad esos magistrados se limitaban a la recepción de los recursos para luego remitirlos al fuero Contencioso Administrativo, donde eran sorteados los tribunales a cargo de su tramitación.
De todos modos, se desconoce cuál será la actitud que asumirán los demás integrantes de la Corte, enfrascados en una ofensiva que reconoce dos frentes de combate: el primero contra el gobierno y –aunque emparentado— contra la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que mañana definiría los cargos que le imputará a cada uno de los nueve ministros.
¿Adiós Corralito?
En el primero de esos frentes, la Corte resolvería mañana, durante su habitual reunión de Acuerdo de los martes, un nuevo rechazo a las restricciones bancarias, al pronunciarse en torno a uno de los tres fallos que contarían con el voto de la mayoría de sus integrantes.
Según señalan fuentes coincidentes, se trataría, en el primero de los casos, de una demanda planteada por la provincia de San Luis, que mantiene bloqueados 247 millones de pesos de sus fondos y la Corte establecería los mecanismos para que los mismos sean restituidos.
Las autoridades puntanas hicieron oír su reclamo la semana pasada durante las trabajosas gestiones impulsadas por el gobierno nacional para acordar el nuevo régimen de Coparticipación Federal, al sostener que San Luis no era una provincia deficitaria y quejarse porque sus fondos permanecían bloqueados.
En la segunda de las causas, el Máximo Tribunal se pronunciaría por la restitución de los fondos de los ahorristas de la Capital Federal, en una demanda colectiva iniciada por la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, resolución que, si como se presume, resulta favorable a los reclamos de los clientes, pondría en jaque a varias instituciones bancarias.
La demanda había tenido acogida por parte del juez en lo Contencioso Administrativo Martín Silva Garretón y fue apelada por el Banco Central.
En el tercero de los expedientes se declararía la inconstitucionalidad del artículo 12 del decreto 214, por el cual se estableció la restricción que impide por el plazo de 180 días la tramitación de causas, en el primer "per saltum" de la saga jurídica del corralito, en el expediente en que se autorizó al camarista y consejero de la magistratura Claudio Kiper a retirar 200 mil dólares del Banco Ciudad, pese a que fue la propia Corte la que le exigió que los restituya. Posteriormente, ese artículo fue modificado por el decreto 320/02.