La libertad de expresión según la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en la región ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Allí la relatoría especial de Libertad de Expresión adjuntó su informe respecto de la situación de cada uno de los países. Con respecto a la Argentina la Comisión destacó como positivos el reconocimiento en acto público –junio del 2010- de lo que se conoció como el caso “Kimel”, donde por criticar a la actuación de un juez en un libro el periodista había sido condenado a un año de prisión en suspenso y a pagar una indemnización.

Asimismo se ponderaron varios fallos de la Corte Suprema sobre la tematica y que fueran dictados el año pasado, como ser el caso Miguel Ángel Di Salvo contra el Diario La Mañana o Canavesi contra el diario El Día. Igualmente se subrayó “la importancia” de que el Congreso de la Nación “haya retomado durante 2010 la discusión de la Ley de Acceso a la Información” puesto que “resulta fundamental que el proyecto avance y el Estado apruebe un marco jurídico de acceso a la información, ajustado a los estándares internacionales en la materia”.

Asimismo la Comisión sostuvo que existe un “marcado ambiente de tensión entre algunas autoridades gubernamentales y el grupo de medios [Grupo Clarín]” lo que definió como “un clima de aguda polarización entre algunos funcionarios del gobierno y seguidores de este, y un grupo de medios de comunicación y sus periodistas”. Este clima, sostienen desde la CIDH “impide una deliberación razonable y plural sobre todos los asuntos públicos.”.

“Si bien es cierto que la tensión entre la prensa y los gobiernos es un fenómeno normal que se deriva de la natural función de la prensa y que se produce en muchos Estados, también lo es que una aguda polarización cierra los espacios para debates sosegados y no ayuda ni a las autoridades ni a la prensa a cumplir mejor el papel que a cada uno corresponde en una democracia vigorosa, deliberativa y abierta”, explica el organismo internacional.

Por otra parte, el informe extenso presentado por la Comisión detalló avances y retrocesos en la materia en los diferentes países. Sobre Colombia, por ejemplo, destaca que “a pesar de los esfuerzos destinados a desarticular la estructura armada de las Autodefensas Unidas de Colombia, grupos armados ilegales continúan involucrados en la comisión de crímenes”, aunque destaca los “esfuerzos dignos de reconocimiento a fin de avanzar en la pacificación mediante la desmovilización de actores armados y la protección de sus ciudadanos”.

Luego con respecto a Cuba la Comisión destacó que “las restricciones a los derechos políticos, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de elecciones, la falta de independencia del poder judicial y las restricciones al derecho de residencia y de tránsito, configuran una situación permanente de trasgresión de los derechos fundamentales de sus ciudadanas y ciudadanos”. Aunque no dejó de lado el análisis del impacto que “las sanciones económicas implementadas por Estados Unidos” tienen “sobre el goce de los derechos humanos de los habitantes de la isla”.

Otro de los países que el informe analiza es el caso de Honduras, luego del golpe de Estado y su actual gobierno, el organismo internacional puntualiza en un análisis sobre una serie de “asuntos estructurales en materia de justicia, seguridad, marginación y discriminación que han afectado durante décadas los derechos humanos de sus habitantes, y que se han agudizado a partir del golpe de Estado de 2009”.

Asimismo se incluye la información “sobre asesinatos, hostigamientos y amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos y otros líderes sociales, hostigamiento y persecución contra magistrados identificados como opositores al golpe de Estado, violaciones al derecho a la libertad de expresión, y deficiencias en la implementación de medidas cautelares, entre otros”.

Luego, con respecto a Venezuela la CIDH destacó los “logros alcanzados en materia de derechos económicos, sociales y culturales, tanto por el reconocimiento jurídico de la exigibilidad de los derechos a la educación, salud, vivienda, y la seguridad social universal, como por la implementación de políticas y medidas dirigidas a subsanar las falencias que aquejan a vastos sectores de la población venezolana”. Al mismo tiempo que sostuvo los problemas que el país sufre en materia de “libertad de pensamiento y expresión, la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político”.

Par ver el informe completo http://www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/indice2010.htm