Se está llevando a cabo la implementación de un proyecto elaborado por su Superior Tribunal de Justicia en el que proponen la creación de una Oficina de Gestión Judicial. La idea es establecer criterios de calidad para el funcionamiento de los tribunales, una suerte de norma ISO, y facilitar el acceso a la Justicia.
El Poder Judicial tucumano estableció, a través de un proyecto ideado por los miembros del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia, la creación de un órgano que regule la actividad de los tribunales.
Se trata de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ). Esta iniciativa, establecida en el marco de un acuerdo con la Corte Suprema de la Nación, propone una "mutua colaboración en materias de tecnología y gestión judicial".
Lo fundamental, según expresa el proyecto, es la modernización en materia de gestión judicial "a nivel de fueros íntegros de este Poder Judicial y las inquietudes e iniciativas planteadas por distintas unidades jurisdiccionales".
En otras provincias como Mendoza o Santa Fe ya se están implementando medidas para emular la iniciativa.
Otro de los puntos destacables es la propuesta de lograr que los sectores más vulnerables de la sociedad puedan acceder con mayor facilidad a la Justicia, y la consideración de las perspectivas ambientales y de género.
Con este fin, la norma establece tres etapas para reconfigurar el Poder Judicial. Primero, el rediseño, donde se revisarán las funciones, tareas y procedimientos utilizados actualmente, como también se establecerán pautas de medición. Segundo, la acreditación, instancia en la que se verificará el cumplimiento de los requisitos enunciados en la normativa a cargo de un órgano creado para ello. Y por último, la replicabilidad, que será la transferencia de conocimientos adquiridos de una unidad a otra.
Además, el programa estima que se mejore el clima laboral de los tribunales tucumanos, analizando los recursos humanos y materiales disponibles en los Juzgados, identificando para ello la identificación de las competencias.
También, a través de la OGJ, se estudiarán los plazos de ejecución del trabajo del Poder Judicial, ya que consideraron que era uno de los principales problemas de los que la sociedad se queja, es decir, la tardanza para la resolución de los conflictos judiciales. A este propósito, la Comisión de Calidad del órgano deberá prever planes de contingencia para los casos de incumplimiento de plazos, tratando de arreglar y minimizar el impacto de este problema.