¿La Corte Suprema no tiene conciencia de los fallos que dicta?

"Llama la atención el planteo hecho por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Estamos frente a una situación de colapso judicial donde el organismo no está cumpliendo en muchos aspectos con compromisos contraídos internacionalmente con respecto al pago de sentencias", aseveró a DiarioJudicial.com Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras la causa Badaro era tramitada en la Corte Suprema, Semino realizó una acción colectiva junto a 23.000 jubilados por un reclamo que era básicamente el mismo que sigue vigente: "que según los precedentes de la Corte se cumpla con el pago correcto de los haberes", contó.

Es que el titular de la ANSES, Diego Bossio, aseguró este miércoles, en una audiencia con ministros de la Corte Suprema, que el organismo que dirige no está en condiciones de pagar las liquidaciones de haberes reclamadas en, según estimaciones del Poder Judicial, más de 300.000 causas que se tramitan en el fuero de la Seguridad Social.

La información que trascendió en los medios no es oficial, según precisaron desde las oficinas de la Corte Suprema a DiarioJudicial.com. Sin embargo, nadie negó las versiones que circularon acerca del encuentro entre Bossio y los ministros del Máximo Tribunal.

En tanto, desde la ANSES solo informaron que "en una audiencia de carácter privado, en la que participaron todos los miembros de la Corte Suprema, el titular del organismo previsional pudo explayarse en un clima de suma cordialidad y de mejor receptividad sobre la situación previsional en general". Esos son todos los datos de un parte de prensa que no especificó la información que más tarde se vio reflejada en distintos medios.

Según precisaron en diversas publicaciones, Bossio consignó que seguir pagando al nivel que lo está haciendo el organismo que conduce implicaría un gasto de 14.000 millones de pesos más 28.000 millones que se pagarían por única vez en concepto de retroactivos, lo que, según afirmó, pondría a la ANSES en una situación de "peligro institucional".

Guiándose por esa información, Semino precisó: "Hace sesenta días el director Ejecutivo de la ANSES aseguró que poseían un fondo de garantía de 180 mil millones de pesos y todos los días se habla de préstamos del organismo a empresas y diferentes programas de la Seguridad Social. Llama la atención que no se pueda hacer una erogación en términos de los retroactivos que es muy inferior a esa cifra".

A pesar de los anuncios de pago de sentencias de parte de la cartera a cargo de Diego Bossio, aún hay muchos haberes por liquidar.

En una cuestión en la que coincidieron las personas consultadas por DiarioJudicial.com es en el hecho del destino de los fondos jubilatorios. El juez de la Cámara de la Seguridad Social Luis Herrero, quien recibiera un pedido de recusación de parte de la ANSES, entendió que no cree que "el organismo no esté en condiciones de cumplir con las sentencias Badaro y Sánchez".

"No se trata solo del hecho de que la Corte haya establecido una posición en términos judiciales al respecto, sino que la obligación legal viene desde la legislación vigente y el decreto 897/07 que creó el fondo de garantía y sustentabilidad y que establece que ese dinero debe ser destinado a pagar las prestaciones y a mantener su nivel adquisitivo", afirmó Herrero.

Agregó también que "lo que no existe es voluntad política de cumplir la sentencia del alto tribunal porque se destinan los fondos de sistema previsional al pago de prestaciones no contributivas o asistenciales, lo cual desfinancia al sistema y produce un daño irreparable a los jubilados que han aportado y han cumplido todos los requisitos legales para obtener su beneficio, su jubilación".

Finalmente, estimó que "el hecho de que la ANSES declare que no puede pagar las sentencias implicaría que la Corte Suprema no tiene conciencia de los fallos que dicta, así como tampoco la tendríamos los jueces del fuero de la Seguridad Social, lo cual sería un pensamiento irrazonable".

En tanto, también se generó malestar por el hecho de que los jubilados no cuentan con tiempo para esperar una resolución final al respecto.

Mabel Delia Curia, de la Asociación de Abogados Previsionalistas (ADAP), estimó que "la opinión generalizada es que la administración nacional debe elegir qué es lo que tiene que hacer, que en definitiva, es un tema político. Si existen los fondos y son usados para otras cosas entonces ese dinero nunca va a alcanzar para pagar las sentencias de la Corte Suprema. Se trata de algo que le corresponde a la gente que aportó y que espera que el día que se jubile le alcance la plata para vivir".

"Por otro lado, la ANSES sigue generando, en su práctica habitual, cálculos de haberes mal realizados, algo que provoca y va a seguir provocando nuevos procesos. Si no se toma la decisión de realizar bien ese trabajo, la litigiosidad no se verá reducida", precisó Curia.